La investigación, revelada inicialmente por el semanario Le Canard Enchaîné, busca determinar si existió un trato de favor sistemático hacia Shortcut Events entre los años 2002 y 2024. Se estima que cada una de estas ceremonias (conocidas como "panteonizaciones") tuvo un costo cercano a los dos millones de euros para el erario público. El hecho de que una pequeña empresa de apenas treinta empleados haya retenido de forma ininterrumpida estos contratos durante 22 años ha levantado serias sospechas sobre una posible violación de las leyes de competencia y mercados públicos.
Durante el allanamiento, los investigadores de la policía judicial incautaron varios ordenadores y documentos tras recibir instrucciones precisas del juez a cargo del caso. Aunque desde el Elíseo se afirma que existe una colaboración sistemática con los requerimientos judiciales, el proceso se desarrolla bajo el marco de la Constitución francesa, que otorga inviolabilidad al presidente en el ejercicio de sus funciones. No obstante, esta protección no exime a las oficinas administrativas de la presidencia de ser registradas cuando se trata de presuntas irregularidades en la gestión de contratos.
El Panteón, el "templo de los inmortales", es utilizado por los presidentes para exaltar figuras históricas, muchas de ellas con un fuerte sesgo ideológico. La investigación abarca desde el año 2002 hasta los homenajes más recientes de 2024 y 2025, incluyendo figuras de la resistencia y exministros. Para los sectores conservadores, este caso pone de manifiesto cómo el uso de los símbolos patrios y la memoria histórica puede verse manchado por la falta de rigor administrativo y el amiguismo en las altas esferas del Gobierno.
“La policía judicial analiza si la adjudicación sistemática constituyó una infracción a las reglas de los mercados públicos”, informaron fuentes cercanas al caso.
Además de las panteonizaciones, Shortcut Events también estuvo a cargo de eventos de gran calado político, como el 80 aniversario del desembarco de Normandía y la inauguración de la Ciudad de la Francofonía. La sospecha de que una misma empresa controle la puesta en escena de los hitos nacionales sugiere una red de influencias que habría operado a espaldas de los procedimientos legales de licitación abierta. En Francia, cualquier contrato estatal de esta magnitud exige una competencia real entre proveedores para evitar, precisamente, el despilfarro y la corrupción.
Este operativo representa el primer registro policial en la sede de la presidencia desde el polémico caso Benalla en 2018, lo que subraya la gravedad de las sospechas actuales. El silencio público del Elíseo ante el allanamiento está ahora alimentando la incertidumbre sobre el alcance de la investigación.
