Una joven de 31 años ha denunciado una brutal agresión sexual con penetración en la zona de ocio de la Marina, perpetrada por un individuo de origen magrebí. Los hechos, ocurridos en el marco de las celebraciones post-Fallas, confirman el "invierno de inseguridad" que atraviesan las ciudades debido a una gestión gubernamental que ha priorizado el buenismo ideológico sobre la protección real de sus ciudadanos.
El Gobierno de Pedro Sánchez es el responsable político de este caos. La política de puertas abiertas y el efecto llamada de este Ejecutivo han convertido a España en un coladero de individuos que desprecian las leyes y costumbres españolas. No es casualidad que este tipo de delitos aberrantes se multipliquen donde el control fronterizo brilla por su ausencia, permitiendo que depredadores de otras culturas importen su violencia contra la mujer española.
Según el relato de la víctima, el agresor la abordó mientras buscaba comida, la introdujo a la fuerza en un baño portátil y cerró el pestillo para consumar la violación. Solo la intervención providencial de un testigo, que escuchó los gritos de auxilio y acudió al rescate, impidió que el "infierno en el baño" se prolongara. El sospechoso, fiel al manual de la delincuencia importada, aprovechó la confusión para emprender una huida que ahora la Policía Nacional intenta reconstruir a través de las cámaras de seguridad.
"La joven relató que el agresor magrebí la forzó dentro del urinario y cerró el pestillo para violarla, hasta que la ayuda de un tercero permitió que se zafara", recogen las diligencias de este nuevo episodio de inseguridad urbana.
Resulta vergonzoso que, mientras el sanchismo se llena la boca con proclamas feministas de salón, las mujeres de Valencia no puedan caminar seguras por una zona de fiesta sin riesgo de ser asaltadas por quienes no deberían haber pisado nunca suelo nacional. La "paz social" de la que presume la izquierda es un espejismo que se rompe cada vez que una mujer es víctima de la delincuencia extranjera. La impunidad con la que actúan estos sujetos es el resultado directo de un sistema judicial y policial atado de pies y manos por la corrección política.
La Policía Nacional ha precintado el lugar del crimen y rastrea desesperadamente cualquier pista biológica o digital que permita poner rostro al violador. Sin embargo, la realidad es que sin un control real de la inmigración ilegal y una política de expulsión inmediata para quienes delinquen, estos operativos son solo parches ante una herida que desangra la convivencia nacional.
