La movilización, que ha inundado las calles madrileñas este 14 de marzo, ha estado protagonizada por miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, respaldados por las principales organizaciones sindicales y asociaciones profesionales del sector. Estas entidades, hartas de años de promesas vacías han decidido unir fuerzas para hacer un frente común contra el maltrato sistemático de un Ministerio del Interior que ha hecho del desprecio su política oficial.
El núcleo de la protesta se ha centrado en dos demandas fundamentales: la equiparación salarial real con las policías autonómicas como los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza y la concesión urgente del estatus de "profesión de riesgo". Esta última catalogación no es un privilegio, sino una necesidad vital y una cuestión de justicia elemental que permitiría a los agentes acceder a jubilaciones dignas, acordes al extremo desgaste físico y mental que sufren al enfrentarse, cada vez con menos respaldo, a una delincuencia organizada y violenta que crece al amparo de la inseguridad jurídica.
La marcha recorrió las calles principales de Madrid hasta finalizar ante las puertas del poder, donde los agentes han alzado su voz para señalar al principal culpable de este conflicto. La indignación es profunda debido a que, mientras el Ejecutivo socialista desvía recursos millonarios para contentar a sus socios parlamentarios y fortalecer estructuras policiales regionales con tintes separatistas, mantiene a los agentes estatales en una situación de indefensión y precariedad salarial. Es una estrategia deliberada utilizar la seguridad como moneda de cambio para su supervivencia política, dejando a los hombres y mujeres del uniforme estatal a merced de una administración que los considera accesorios prescindibles.
Para los miles de agentes que han marchado hoy, la razón de este estallido es una sola: la dignidad. Han dejado claro que ya no aceptarán que su labor sea menospreciada para alimentar redes clientelares o para financiar concesiones políticas. "Si no protegen a los que nos protegen, están socavando el Estado de Derecho", ha sido el sentimiento generalizado en una protesta que ha contado con el apoyo de ciudadanos que entienden que cuando la autoridad es humillada por su propio Gobierno, es la libertad de toda la sociedad la que queda expuesta al caos.
