La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó ante el Congreso un conjunto de proyectos orientados a combatir el crimen organizado. Las iniciativas buscan eliminar los vacíos legales existentes que obstaculizan la labor de la justicia contra la delincuencia. La mandataria destacó la urgencia de actualizar normas que quedaron superadas ante el avance de las redes narcoterroristas.
El primer pilar del paquete legal propone reformar el Código Procesal Penal para suprimir instancias previas y reducir la duración de los juicios. Con la sustitución por una audiencia única, se pretende acelerar la resolución de causas y optimizar la gestión del Poder Judicial. La jefa de Estado cuestionó la ineficiencia del sistema judicial ante la demora de los procesos.
En materia de cooperación internacional, la propuesta plantea una reforma constitucional para permitir la extradición por delitos vinculados a estructuras criminales transnacionales. La medida abarcará conductas graves como el sicariato, la legitimación de capitales y el tráfico de armas o estupefacientes. La iniciativa mantendrá el principio de excepcionalidad constitucional bajo la estricta revisión de los tribunales.
Asimismo, la administración propuso la vigilancia electrónica obligatoria mediante tobilleras para los condenados que reciban beneficios carcelarios. La norma busca reemplazar los controles formales obsoletos por un monitoreo permanente para evitar la reincidencia de delincuentes peligrosos. La regulación endurecerá los requisitos exigidos a los jueces de ejecución de pena.
Respecto a la extracción ilícita de minerales, el Ejecutivo busca elevar sustancialmente las penas contra la minería ilegal en zonas críticas como Crucitas. El proyecto sancionará a quienes financien estas redes y facultará el decomiso inmediato de maquinaria e insumos decomisados a las mafias. La presidenta denunció que la baja punibilidad actual fomenta la impunidad y la reincidencia.
El plan estatal incluye el uso de dispositivos electrónicos para deudores de pensión alimentaria, permitiendo que mantengan sus actividades laborales sin saturar los penales. Por último, se reestructurará la jerarquía policial restableciendo rangos tradicionales y exigiendo concursos de méritos académicos para los ascensos. La reorganización pretende erradicar los nombramientos discrecionales dentro de las fuerzas del orden.
La firme ofensiva institucional reafirma la determinación del gobierno conservador por imponer la ley, el orden y la seguridad ciudadana. La aplicación de penas severas resulta indispensable para restaurar la paz social frente a la amenaza de las bandas armadas. La bancada oficialista exigió acelerar el debate parlamentario para dotar al Estado de herramientas jurídicas efectivas.
(Con información de Infobae)
