La dictadura venezolana ha instrumentalizado el dolor provocado por los feroces terremotos del 24 de junio para ejecutar un brutal atropello contra las libertades individuales en Venezuela. La ONG Acceso a la Justicia denunció formalmente que el decreto de Estado de Emergencia dictado por la presidenta encargada del régimen, Delcy Rodríguez, viola abiertamente la Constitución nacional.
El observatorio jurídico demostró que el chavismo evadió las vías legales pertinentes con el único fin de imponer un esquema de control autoritario, transformando una urgente labor de protección civil en una herramienta de persecución y despojo contra la ciudadanía.
El nudo central de la denuncia radica en el polémico artículo 6 de la orden presidencial, el cual concede facultades extraordinarias al Ministerio de Relaciones Interiores controlado por el radical de línea dura Diosdado Cabello. Mediante esta arbitraria disposición, el aparato represivo de la tiranía queda plenamente facultado para ordenar la ocupación temporal y requisición forzosa de establecimientos privados, empresas, hoteles, lotes de terreno y servicios particulares. Esta medida asesta un golpe mortal al derecho de propiedad en Venezuela, legalizando el saqueo de los bienes de los ciudadanos bajo la falsa narrativa de atender la emergencia humanitaria en el litoral.
Desde una perspectiva estrictamente constitucional, Acceso a la Justicia aclaró que un simple acto administrativo de la Presidencia carece por completo de la jerarquía jurídica necesaria para restringir o supender los derechos humanos de la población. La Carta Magna venezolana exige de manera taxativa la declaratoria formal de un "Estado de Alarma" bajo el artículo 338 para poder aplicar limitaciones de esta naturaleza ante calamidades públicas.
La estrategia jurídica de Delcy Rodríguez esconde un perverso diseño político orientado a burlar los controles institucionales mínimos que deberían ejercer la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Al no someter la medida al control parlamentario ni judicial, el palacio de Miraflores actúa con total impunidad y discrecionalidad frente a una tragedia que ya suma miles de fallecidos. Expertos de la oposición advierten que esta maniobra autoritaria busca blindar los actos de corrupción de los jerarcas militares y evitar que se fiscalice el destino real de las donaciones internacionales que ingresan al país.
Una de las omisiones más graves y alarmantes detectadas en el texto legal del régimen es que noticiosamente no precisa el tiempo de vigencia de la orden, abriendo la puerta a una aplicación indefinida. Los defensores de las libertades civiles alertan que este vacío legal permitirá que las expropiaciones de terrenos y las requisiciones forzosas se perpetúen en el tiempo, extendiéndose mucho más allá del periodo crítico de la catárofe.
Para consolidar la militarización absoluta de la crisis, el decreto designó al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto Sulbarán Quintero, como la autoridad única con mando omnímodo en las zonas afectadas. La entrega del control total a los componentes armados de la revolución agudiza la fractura social y desplaza por completo a los organismos de rescate civiles y a los alcaldes locales.
Con este nuevo zarpazo legal y patrimonial, el socialismo del siglo XXI demuestra una vez más que la emergencia del terremoto es utilizada como una excusa perfecta para la arbitrariedad y el control social. Mientras miles de familias venezolanas continúan durmiendo en las plazas públicas ante la ineficiencia de la dictadura, la cúpula chavista se enfoca en expandir su poder autocrático confiscando el capital privado. Los sectores democráticos y los defensores de los derechos económicos exigen la derogación inmediata de este decreto tiránico, ratificando que la reconstrucción del país requiere seguridad jurídica y no la tiranía colectivista.
(Con información de Infobae)
