La Policía Nacional española, a través de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha implicado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una presunta red de tráfico de influencias. Los investigadores le atribuyen haber cobrado 200.000 euros de un conglomerado empresarial peruano a cambio de mediar ante altos cargos del Ejecutivo de Bolivia para favorecer sus intereses en un litigio judicial cuantificado en unos 107 millones de dólares.
Según las conclusiones policiales remitidas al Tribunal Central de Instrucción de Madrid, el abono de dichos honorarios se canalizó de manera opaca mediante un contrato de asesoría ficticio con una sociedad instrumental sin actividad real que operó como mera pantalla financiera.
La investigación penal se desencadenó tras detectarse tres transferencias bancarias directas en la cuenta personal del expresidente socialista entre los meses de julio de 2024 y junio de 2025, procedentes de la firma de marketing Focus Social Research. Las pesquisas determinaron que esta pequeña compañía de Lima actuaba como sociedad tapadera del potente holding industrial Grupo Gloria, propietario de la cementera Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), la cual arrastraba una severa condena por competencia desleal ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia.
Ante la asfixia económica que suponía pagar la millonaria indemnización a la estatal FANCESA, la cúpula directiva del consorcio recurrió a los contactos políticos internacionales de Zapatero para intentar frenar el fallo judicial.
El pacto corporativo se fraguó en la oficina que Rodríguez Zapatero mantiene en la calle Ferraz de Madrid, contando con la intermediación de Carmen Almendras, exembajadora boliviana y asesora corporativa, y la directora de Asuntos Corporativos del holding, Ana María Ospina. El documento contractual, diseñado en mayo de 2024, estipulaba el pago de los 200.000 euros fijos divididos en tres tramos y el desembolso adicional de 10.000 euros por cada día de viaje que realizara el político a Sudamérica.
De forma inmediata, el entorno del exjefe del Ejecutivo español comenzó a recibir documentación judicial confidencial y propuestas de conciliación de SOBOCE para preparar la estrategia de influencia directa ante las autoridades gubernamentales del país andino.
El despliegue operativo de la mediación internacional se concretó en septiembre de 2024, cuando Zapatero viajó a las ciudades de La Paz y Sucre tras una intensa coordinación de su secretaria con las jefas de gabinete de la Presidencia de Bolivia. El expresidente mantuvo reuniones bilaterales de alto nivel con el mandatario boliviano Luis Arce y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, sirviéndose de una comitiva en la que también participaban empresarios bajo sospecha que habrían inyectado 800.000 euros adicionales a sus firmas vinculadas.
La fase crítica de la presunta intermediación ilegal se escenificó en mayo de 2025, cuando la secretaría de Zapatero exigió formalmente al gabinete de Luis Arce el contacto directo del Procurador General del Estado, la máxima autoridad en litigios internacionales de inversión. El informe de la UDEF destaca que las presiones cesaron únicamente cuando el ministro de Justicia boliviano confirmó que ya había transmitido las indicaciones oportunas directamente a los responsables del arbitraje.
Apenas unas semanas después de estas maniobras políticas en los despachos gubernamentales, un tribunal de Bolivia declaró procedente un recurso de amparo de SOBOCE, dejando provisionalmente en suspenso la ejecución forzosa de la multa de 107 millones de dólares.
La unidad policial subraya que la secuencia temporal evidencia una relación de causa y efecto inequívoca, dado que solo tres semanas después del fallo judicial favorable se ordenaron las últimas transferencias a España por valor de 100.000 euros. A pesar del contundente dossier con registros de WhatsApp y extractos financieros de la UDEF, el presidente Pedro Sánchez compareció ante el Congreso para ratificar su total confianza en Zapatero, enmarcando las pesquisas dentro del caso Plus Ultra.
El desenlace definitivo del millonario pleito minero queda ahora supeditado al dictamen final del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, encargado de validar o revocar de manera definitiva el polémico amparo que salvó las finanzas del consorcio peruano.
(Con información de Infobae)
