Francia tiene motivos para estar enfadada. El costo de vida ha aumentado, existe preocupación por el deterioro de determinados servicios públicos y miles de estudiantes llevan semanas denunciando las condiciones de sus centros educativos.
Nada de eso necesita ser minimizado.
Pero tampoco debería utilizarse como coartada para lo que ocurrió este fin de semana.
La extrema izquierda violenta ha vuelto a demostrar que es capaz de apropiarse de una protesta legítima, transformarla en un escenario de confrontación y terminar perjudicando precisamente a aquellos ciudadanos en cuyo nombre dice actuar.
París fue una de las demostraciones más evidentes.
Escaparates destrozados. Comercios saqueados. Vehículos y mobiliario urbano incendiados. Piedras, fuegos artificiales y otros proyectiles lanzados contra las fuerzas de seguridad. Grupos vestidos de negro y con el rostro cubierto desplazándose por la ciudad mientras la Policía intentaba contener disturbios en diferentes puntos simultáneamente.
No fueron simples excesos aislados.
🇫🇷‼️ | El incendio provocado por la izquierda francesa provocó el colapso del histórico edificio del Ayuntamiento de Limoges, una estructura con 150 años de antigüedad. pic.twitter.com/CaklYM0Kq3
— UHN Plus (@UHN_Plus) October 17, 2026
El propio ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, responsabilizó de una parte importante de los disturbios a grupos de ultraizquierda radical, a los que describió como extremadamente violentos y organizados.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, fue incluso más explícito al hablar de una estructura radical que, según el Gobierno, actuó metódicamente contra bienes, personas e instituciones de la República.
Conviene recordar esas palabras porque existe una tendencia preocupante a describir cualquier violencia producida alrededor de una protesta como una consecuencia inevitable de la indignación social.
No lo es.
Una protesta legítima no necesita encapuchados
Alrededor de 550.000 personas según el Ministerio del Interior —y unas 800.000 según los organizadores— participaron en las movilizaciones del sábado.
La mayoría no incendió nada.
La mayoría no saqueó tiendas.
La mayoría no atacó edificios públicos.
La mayoría no salió a las calles con el rostro oculto y objetos preparados para enfrentarse a los agentes.
Esa distinción es fundamental.
Precisamente por eso resulta injusto que pequeños pero muy activos grupos radicales terminen secuestrando visual y políticamente movilizaciones en las que participan cientos de miles de ciudadanos.
Mientras unos marchaban para exigir mejores salarios, mejores escuelas o un alivio frente al aumento del costo de vida, otros aprovecharon el caos para romper comercios, incendiar edificios y enfrentarse con la Policía.
Una cosa es la protesta. Otra es utilizar la protesta como cobertura para la violencia.
Confundirlas no ayuda a los manifestantes pacíficos. Ayuda únicamente a los violentos.
La extrema izquierda tiene un problema con la violencia política
Lo ocurrido en Francia plantea además una cuestión incómoda para una parte de la izquierda europea.
Durante demasiado tiempo algunos sectores han mantenido una relación ambigua con determinados tipos de violencia política cuando sus protagonistas se presentan como antifascistas, anticapitalistas o enemigos del sistema.
Se condena el saqueo, pero inmediatamente aparece un “pero”.
Se condena el incendio, pero se intenta explicar como expresión de una rabia social.
Se condena el ataque contra un agente, pero rápidamente la discusión pasa a las políticas gubernamentales.
Esa lógica es peligrosa.
La pobreza no convierte el saqueo en una reivindicación. La desigualdad no transforma una piedra en un argumento. Y estar en desacuerdo con un Gobierno no otorga derecho alguno a incendiar un ayuntamiento.
Francia lo comprobó de manera dramática.
En Limoges, el histórico Ayuntamiento fue devastado por un incendio provocado durante los disturbios.
En Marsella, individuos irrumpieron en el Ayuntamiento y numerosos comercios fueron atacados.
En Lyon, una oficina de turismo terminó incendiada.
En Burdeos hubo ataques contra edificios públicos y saqueos.
Y en París la lista de comercios afectados incluye supermercados, farmacias, tiendas de teléfonos, establecimientos de ropa y otros negocios que nada tienen que ver con las decisiones del Palacio del Elíseo.
¿Exactamente qué conquista social representa destruir una farmacia?
¿Qué trabajador mejora su situación cuando un supermercado es saqueado?
¿Qué estudiante obtiene mejores condiciones educativas porque el negocio de otra persona termina reducido a cristales rotos?
Ninguno.
El verdadero perjudicado es el ciudadano común
Existe una enorme contradicción en atacar pequeños comercios en nombre de una supuesta lucha contra las élites.
Detrás de muchas de esas tiendas no hay multimillonarios.
Hay empleados.
Hay pequeños empresarios.
Hay inmigrantes.
Hay familias que dependen de esos negocios para pagar un alquiler.
Hay personas que probablemente comparten algunas de las mismas preocupaciones económicas que llevaron a cientos de miles de franceses a manifestarse.
Después de que desaparecen las cámaras y los encapuchados abandonan las calles, son ellos quienes permanecen.
Son ellos quienes tienen que recoger los cristales.
Son ellos quienes tienen que llamar a las aseguradoras.
Son ellos quienes descubren cuánto dinero han perdido.
Son ellos quienes quizá no pueden abrir al día siguiente.
Eso no es revolución. Es hacer pagar a ciudadanos ordinarios el precio de una batalla política que no eligieron.
El domingo demostró que no era simplemente una explosión espontánea
Los nuevos enfrentamientos registrados el domingo alrededor de la plaza de la República resultan especialmente preocupantes.
Después de una jornada que ya había dejado París cubierta de daños, comenzó a circular en redes sociales una convocatoria para volver a concentrarse en la zona.
La concentración no había sido declarada.
Centenares de personas acudieron.
Entre ellas aparecieron nuevamente grupos de jóvenes vestidos de negro y algunos encapuchados.
Hubo lanzamiento de proyectiles contra la Policía, intentos de formar barricadas y nuevos enfrentamientos en las calles cercanas.
Incluso circularon llamados a continuar las movilizaciones con la intención de “agotar” a los policías.
Ese detalle importa.
Porque cuando mantener la confrontación con las fuerzas de seguridad empieza a convertirse en un objetivo, resulta cada vez más difícil presentar todo lo que ocurre simplemente como una manifestación social.
Hay una diferencia entre presionar políticamente al Gobierno y buscar deliberadamente una situación de desgaste permanente en las calles.
La primera es política democrática.
La segunda puede convertirse rápidamente en una estrategia de caos.
La izquierda también tiene que asumir responsabilidades
Jean-Luc Mélenchon y La Francia Insumisa apoyaron la movilización.
Mélenchon participó personalmente en la protesta de París y criticó duramente la estrategia policial utilizada durante la jornada.
También condenó los saqueos.
Esa última condena es necesaria.
Pero para la izquierda política francesa existe ahora una responsabilidad todavía mayor: marcar una frontera inequívoca entre la protesta democrática y aquellos sectores radicales que buscan la confrontación violenta.
No basta con decir que un saqueo está mal.
Cuando aparecen grupos organizados que utilizan movilizaciones sociales para atacar edificios, policías y comercios, quienes pretenden representar políticamente a esas protestas deberían ser los primeros en aislarlos.
Sin excusas.
Sin romanticismo revolucionario.
Sin intentar convertir automáticamente cada discusión sobre violencia en otra discusión sobre Emmanuel Macron.
Se puede criticar al presidente francés y al mismo tiempo condenar a quienes incendian un edificio.
Se puede exigir una investigación sobre actuaciones policiales y al mismo tiempo exigir responsabilidades a quienes arrojan adoquines contra agentes.
Una posición no invalida la otra.
Eso debería ser perfectamente normal en cualquier democracia.
Las imágenes también destruyen las reivindicaciones de quienes protestan pacíficamente
Existe otro efecto que la extrema izquierda parece ignorar.
Cada saqueo desplaza una reivindicación.
Después de una jornada como la del sábado, Francia ya no discute únicamente sobre las condiciones de las escuelas, los salarios o el costo de los alimentos.
Discute sobre 2.000, y posteriormente más de 2.000, detenidos.
Discute sobre cientos de miembros de los servicios de seguridad y emergencia heridos.
Discute sobre ayuntamientos incendiados.
Discute sobre saqueos.
Discute sobre si el Gobierno perdió el control de las calles.
Los radicales consiguen así exactamente lo contrario de aquello que supuestamente pretendían.
Los problemas sociales desaparecen detrás del humo de los incendios.
Y quienes más se benefician políticamente son precisamente los movimientos que prometen restaurar el orden mediante políticas mucho más duras.
Es una dinámica conocida.
La extrema izquierda genera imágenes de caos.
La extrema derecha utiliza esas imágenes para presentarse como la única alternativa capaz de imponer orden.
Y atrapada en medio queda una enorme mayoría de ciudadanos que quizá está descontenta con el Gobierno pero tampoco quiere vivir en un país donde cada protesta importante pueda terminar con comercios saqueados y edificios públicos incendiados.
También hay que investigar a la Policía
Ser crítico con la extrema izquierda no exige cerrar los ojos ante actuaciones policiales cuestionables.
Las autoridades francesas investigan lesiones graves sufridas por manifestantes, incluyendo menores, durante las últimas semanas de protestas.
Eso debe investigarse hasta el final.
Una democracia seria no entrega un cheque en blanco a su Policía.
Pero tampoco convierte cada investigación contra un agente en una absolución colectiva para quienes ejercen violencia contra las fuerzas de seguridad.
Ambas responsabilidades pueden coexistir.
Un policía que utiliza fuerza ilegal debe responder ante la Justicia.
Un manifestante que lanza un cóctel molotov también.
Un agente que agrede injustificadamente a una persona debe ser investigado.
Un individuo que saquea una farmacia también.
Ese principio no es de derecha ni de izquierda.
Es el Estado de derecho.
Francia no puede acostumbrarse
Quizá el mayor peligro no sea únicamente lo ocurrido este fin de semana.
Es que termine considerándose normal.
Europa ha visto demasiadas veces escenas en las que grupos encapuchados aparecen en grandes manifestaciones, destruyen mobiliario urbano, atacan establecimientos y luego desaparecen entre miles de personas.
Cada repetición reduce un poco más la capacidad de sorpresa.
Y cuando una sociedad deja de sorprenderse ante la violencia política, comienza a aceptar algo que nunca debería normalizar.
Francia necesita escuchar el malestar de sus ciudadanos.
Necesita atender los problemas de sus escuelas.
Necesita responder al deterioro del poder adquisitivo.
Necesita explicar sus decisiones económicas.
Y su Gobierno debe responder también por los errores cometidos en la gestión de esta crisis.
Pero nada de eso obliga a aceptar que grupos radicales conviertan París y otras ciudades en campos de batalla.
La extrema izquierda violenta no representa a los cientos de miles de franceses que se manifestaron pacíficamente. Precisamente por eso debe ser señalada, aislada y responsabilizada por sus propios actos.
Defender el derecho a protestar implica también defender ese derecho frente a quienes lo utilizan como cobertura para destruir.
Porque una protesta en la que alguien exige mejores condiciones de vida pertenece a la democracia.
Un encapuchado saqueando una farmacia no.
