Tras calificar de "vergüenza" el fallo de la Corte Suprema que limitó el uso de la ley de emergencia IEEPA, el Presidente Donald Trump anunció una contraofensiva inmediata para proteger la recaudación nacional. El mandatario aseguró que la sentencia no frenará su agenda de "América Primero", ya que dispone de mecanismos legales específicos que otorgan al Ejecutivo facultades robustas y ya probadas en tribunales.
La primera medida es la invocación de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, mediante la cual Trump firmó hoy una orden ejecutiva para imponer un nuevo arancel global del 10%. Este estatuto permite al presidente actuar ante déficits graves en la balanza de pagos, estableciendo recargos de hasta el 15% de forma temporal para salvaguardar la estabilidad del dólar y la economía interna.
Como segunda vía, la Casa Blanca confirmó que los aranceles de seguridad nacional bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 permanecerán plenamente vigentes. Esta ley faculta al Departamento de Comercio para proteger industrias críticas, como el acero y el aluminio, permitiendo que las tarifas sobre estos insumos sigan blindando la base industrial estadounidense frente a la competencia extranjera.
La tercera herramienta estratégica es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, utilizada para combatir prácticas comerciales injustas y violaciones de derechos de propiedad intelectual. El presidente anunció el lanzamiento de nuevas investigaciones bajo este marco para garantizar que países que "timent" a los Estados Unidos enfrenten represalias comerciales legítimas y proporcionales.
Por último, la administración contempla el uso de la Ley Arancelaria de 1930 (Smoot-Hawley) para casos específicos de subsidios extranjeros y "dumping". A través de investigaciones de mercado, el gobierno puede imponer gravámenes sobre productos individuales que entren al país con precios artificialmente bajos, asegurando una competencia justa para los productores y agricultores locales.
