Las Fuerzas Armadas de Bolivia y la unidad de Inteligencia de la Policía Nacional activaron una investigación tras la difusión de registros que confirman la presencia de milicias campesinas armadas en los cortes de rutas. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, calificó la situación como un acto de extrema gravedad institucional y detalló que los contingentes armados pertenecen al grupo de choque Qaqachaka y a la facción de los ponchos rojos.
Los peritajes de inteligencia identificaron dos tipologías de armamento entre los manifestantes radicales que exigen de forma violenta la renuncia del mandatario nacional, Rodrigo Paz. En el sector paceño, los militantes enmascarados marcharon en formación militar portando fusiles Mauser de origen bélico, mientras que en la región orureña de Qaqachaka se constató el uso de armas automáticas sofisticadas equipadas con miras telescópicas.
Las células insurgentes apostadas en la carretera troncal dispararon ráfagas al aire como demostración de fuerza y advirtieron de forma explícita que responderán con fuego si las fuerzas del orden intentan liberar los puntos de bloqueo establecidos en Challapata, Pazña, Huancané y Culta.
Ante el recrudecimiento de la violencia y tras 17 días continuos de asfixia económica, el Ejecutivo central ordenó la puesta en marcha de un despliegue masivo denominado Corredor humanitario de las banderas blancas. El portavoz de la presidencia, José Luis Gálvez, coordinó los esfuerzos ministeriales para reabrir por la fuerza la principal vía de comunicación que conecta la capital con el oriente boliviano.
La ejecución técnica del plan de desbloqueo quedó bajo la responsabilidad operativa de la Policía Boliviana, institución que recibirá un fuerte soporte logístico por parte de las unidades del Ejército nacional y la maquinaria pesada de la Administradora Boliviana de Carreteras. Los ministros de Estado convocaron en paralelo a una mesa de negociación a los dirigentes de la federación de campesinos para desactivar las medidas de presión y evitar un enfrentamiento armado de consecuencias impredecibles en el asfalto.
La fiscalía general del Estado anunció el inicio de procesos penales de oficio por el delito de alzamiento armado contra la seguridad del Estado en contra de quienes aparezcan identificados en las pruebas fotográficas. Las agencias gubernamentales de inteligencia mantienen bajo estricto monitoreo los flujos de comunicación interna de los cabecillas para determinar el origen del financiamiento y el contrabando del arsenal de precisión detectado en Oruro.
(Con información de Infobae y El Deber)
