En una operación conjunta la Policía Nacional de España y la policía de Francia han desarticulado dos organizaciones criminales chinas que habían convertido el sector de los apartamentos turísticos en su principal centro de operaciones ilícitas. El balance es devastador para la imagen de seguridad que pretenden proyectar los gobiernos: 60 mujeres liberadas de un régimen de esclavitud moderna y 22 delincuentes detenidos que operaban con una logística transnacional. Estas redes se aprovechaban de la opacidad de las plataformas digitales de alquiler para mover a sus víctimas entre Madrid, Barcelona y París, evadiendo con un descaro alarmante cualquier rastro de autoridad.

Resulta inaceptable que, con la tecnología de vigilancia actual, estas mafias extranjeras lograran rotar a decenas de víctimas cada cinco días para evitar sospechas, operando en edificios residenciales donde conviven familias y trabajadores. La falta de un registro riguroso de huéspedes y la nula inspección de estas viviendas han entregado las llaves de las ciudades a las triadas orientales. Mientras los gobiernos se pierden en burocracia, las redes de trata de seres humanos encuentran en la "economía colaborativa" el camuflaje perfecto para el horror.
“La operación conjunta ha permitido neutralizar una estructura que generaba beneficios millonarios mediante la coacción y el engaño de ciudadanas chinas, quienes eran despojadas de su documentación al llegar a suelo europeo”, informaron fuentes policiales, confirmando que la red publicitaba sus servicios en portales de internet sin ningún tipo de filtro gubernamental.
Los 22 detenidos enfrentan cargos por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública. Estas redes no solo esclavizaban mujeres; también gestionaban el blanqueo de capitales a través de negocios de fachada y utilizaban sustancias para anular la voluntad de sus víctimas. La coordinación entre España y Francia llega tarde para muchas, evidenciando que las fronteras actuales son un "colador" para organizaciones criminales mientras el ciudadano honrado es asfixiado a controles.
El impacto económico de estas redes es igualmente escandaloso. Se estima que cada una de estas organizaciones gestionaba decenas de pisos simultáneamente, moviendo flujos de efectivo que escapaban a cualquier control fiscal. Al utilizar pisos turísticos, las mafias chinas evitaban los controles que sufren los establecimientos hoteleros legales, demostrando que la desregulación de este sector ha sido el ideal para el crimen.