En un nuevo desplante a los ciudadanos que cumplen la ley, Sumar ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso para regar con dinero público a la población penitenciaria. La propuesta, firmada por el dirigente comunista Enrique Santiago, pretende que los presos que realicen tareas remuneradas en la cárcel complementen sus ingresos con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
🇪🇸‼️ | La formación de extrema izquierda Sumar ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso para que los reclusos tengan acceso al Ingreso Mínimo Vital. La iniciativa, encabezada por el líder del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, pretende que el Estado… pic.twitter.com/sAKhJzuJnI
— UHN Plus (@UHN_Plus) April 5, 2026
La iniciativa defiende que, si la prestación por desempleo generada por el trabajo en prisión es inferior a la cuantía del IMV, el Estado debe cubrir la diferencia con los impuestos de los contribuyentes. Para la formación de Yolanda Díaz, el historial delictivo no debe ser obstáculo para acceder a esta red de protección, lo que en la práctica se traduce en una subvención a la reincidencia y un incentivo que premia al delincuente frente al trabajador honesto que sostiene el sistema.
Desde sectores conservadores, la medida ha sido recibida como un insulto a las familias españolas que sufren la inflación y la precariedad sin recibir ayudas similares. El uso del IMV como un "sueldo para convictos" desvirtúa la naturaleza de una prestación que nació para paliar situaciones de exclusión social, no para garantizar el nivel de vida de quienes han atentado contra la convivencia y la seguridad de todos bajo el paraguas de una supuesta reinserción.
El papel de Enrique Santiago en esta propuesta refuerza la agenda del PCE dentro del Gobierno, centrada en el garantismo extremo y el debilitamiento de la autoridad judicial. Al proponer que el Estado actúe como garante financiero de los exconvictos, Sumar profundiza en una política de gasto descontrolado que ignora las prioridades de la España productiva. Esta obsesión por los derechos de los presos contrasta con la total ausencia de medidas para proteger y resarcir a las víctimas de sus delitos.
