La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desenterrado mensajes y grabaciones que exponen una red de pagos irregulares del régimen chavista venezolano al PSOE, involucrando a figuras clave como José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Según avances de la pesquisa, García viajó a Caracas el 7 de octubre de 2021 para informar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez que el PSOE había decidido desvincularse de Víctor de Aldama, el empresario que actuaba como puente en gestiones económicas con la petrolera estatal PDVSA.

En esa reunión, celebrada en una sede oficial del gobierno venezolano, García comunicó que Aldama ya no era el interlocutor válido para las operaciones de financiamiento, un cambio que Rodríguez transmitió posteriormente al propio empresario. Fuentes cercanas a las conversaciones indican que el desencuentro fue puramente económico: Ábalos y García demandaban mayores aportaciones, tras haber recibido comisiones por unos tres millones de euros entre 2018 y 2021, durante el mandato de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

La Red de Financiamiento y sus Ramificaciones

Los documentos incautados por la UCO incluyen grabaciones donde García propone a Ábalos proyectos ligados al petróleo venezolano, con Aldama como mediador. Esta evidencia sugiere que las relaciones entre altos cargos socialistas y el chavismo trascendieron lo diplomático, convirtiéndose en un esquema de movimientos financieros opacos. Aldama, en recientes apariciones televisivas, ha afirmado estar “totalmente convencido” de que el PSOE se benefició de estas operaciones, realizadas a través de contratos ficticios de asesoría para PDVSA.

El caso conecta con escándalos previos, como el de Raúl Morodo y su hijo Alejo, condenados por defraudar millones en contratos falsos con PDVSA entre 2013 y 2014, utilizando sociedades pantalla. Morodo cumplió diez meses de cárcel y su hijo dos años, pactando con la Fiscalía para evitar penas mayores.

Contexto Político y Judicial

El hallazgo llega en un momento delicado para el gobierno de Pedro Sánchez, quien enfrenta presiones por su manejo de la crisis económica y las relaciones internacionales. El PSOE, en el poder desde 2018, ha sido acusado repetidamente de opacidad en financiamiento, y este episodio podría avivar demandas de transparencia. La UCO, dependiente de la Guardia Civil, continúa analizando dispositivos de los implicados, lo que podría revelar más detalles sobre el flujo de fondos desde Venezuela.

Desde una perspectiva conservadora, este escándalo ilustra los riesgos de alianzas con regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro, cuyo Cartel de los Soles ha sido designado organización terrorista por Estados Unidos. La izquierda, con su retórica de solidaridad, parece ignorar las consecuencias éticas de tales vínculos, priorizando el poder sobre la integridad. Sánchez, ya bajo escrutinio por otros casos, debe responder: ¿cuánto sabía del financiamiento chavista? Es hora de que la justicia actúe, no de que el PSOE oculte más secretos.