El sargento jefe Florian Montorio, perteneciente al 17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Francia, fue asesinado este viernes durante un ataque contra un convoy de la FINUL. El presidente Emmanuel Macron no tardó en señalar a Hezbolá como el brazo ejecutor del atentado, una acusación que pone de relieve la vulnerabilidad de unas tropas internacionales que, sobre el papel, deberían garantizar el orden, pero que en la práctica se encuentran atrapadas en un fuego cruzado que no pueden controlar.
Este asesinato no es un hecho aislado, sino el cuarto en menos de un mes, tras la muerte de tres militares indonesios en marzo. La situación es de una ironía sangrienta: mientras la ONU mantiene a cerca de 700 militares españoles y otros contingentes europeos bunkerizados y limitados por mandatos burocráticos, milicias como Hezbolá operan con impunidad, atacando incluso a quienes supuestamente supervisan la seguridad de la región.
“La Nación se inclina con respeto y transmite su apoyo a las familias de nuestros soldados desplegados por la paz en el Líbano”, afirmó Macron.
Desde una perspectiva global, el ataque subraya el fracaso del Capítulo VI de la Carta de la ONU en escenarios de guerra abierta. Los cascos azules, atados de manos por reglas de enfrentamiento que solo permiten la defensa propia, se han convertido en blancos móviles para grupos como Hezbolá, que ven en la vigilancia internacional un estorbo para sus operaciones. Francia ha exigido al gobierno libanés la detención inmediata de los autores, aunque en la práctica se sabe que el control de Beirut sobre estas milicias es prácticamente nulo.
Hezbolá, al atacar directamente a tropas francesas, envía un mensaje de desafío a Occidente en un momento en que la región está al borde de un estallido total. Mientras tanto, en Madrid y París, los gobiernos se resisten a ordenar una retirada que parece cada vez más inevitable si no se garantiza la integridad de su personal.
