El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció desde la Casa Rosada el envío de una batería de proyectos de ley al Congreso destinados a sepultar la inseguridad jurídica que espantó inversiones durante décadas. La medida estrella de este paquete busca erradicar el flagelo de la ocupación ilegal mediante un régimen de desalojo exprés: una vía sumarísima que obligará a la justicia a restituir los inmuebles usurpados a sus legítimos dueños en un plazo máximo de cinco días, terminando con el calvario de años que sufren hoy miles de propietarios.
Durante años, el garantismo populista convirtió el derecho a la vivienda en una excusa para el robo organizado de inmuebles, destruyendo el mercado de alquileres y la paz social. Esta reforma es un acto de justicia elemental donde el Estado debe estar para desalojar al infractor, no para tutelar la ilegalidad. La propiedad privada es la base de la libertad y no puede estar sujeta a la prepotencia de los violentos.
“Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas con una ley que evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de cinco días”, sentenció Adorni, marcando un quiebre con la era de la permisividad kirchnerista.
El paquete de reformas también apunta a convertir a la Argentina en un imán para el capital global. El Ejecutivo propone derogar la Ley de Tierras Rurales para eliminar cualquier restricción a la venta de campos a inversores extranjeros. El objetivo es permitir que grandes proyectos en minería, petróleo y agroindustria, que requieren extensiones considerables de terreno, se radiquen en el país sin las trabas de un nacionalismo de cartón que solo generó pobreza. Según el Gobierno, los empresarios más importantes del mundo están listos para invertir, y solo faltaba remover los "caprichos ideológicos" que bloqueaban el ingreso de divisas.
“Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica. No podemos permitir que por un mero capricho ideológico las inversiones no se realicen”, argumentó el jefe de Gabinete en defensa de la apertura del mercado de tierras.
En el ámbito social, la administración de Javier Milei ha decidido cortar de raíz el fraude en el sistema de beneficios. Se enviará una reforma para auditar y endurecer los requisitos de las pensiones por discapacidad, con el fin de separar a los beneficiarios legítimos de los miles de "discapacitados truchos" creados por el clientelismo previo. El plan propone que los aumentos serán exclusivos para quienes realmente tienen incapacidad para trabajar, terminando con el saqueo de las arcas públicas que alimentaba el déficit y la inflación.
La modernización del Estado también incluye la concesión por 30 años del complejo de Chapadmalal para que el sector privado lo restaure y gestione, eliminando el gasto de mantenimiento para el contribuyente. Asimismo, se propone que el 10% de los ingresos de las privatizaciones se destine directamente a la compra de armamento y bienes de capital para la defensa nacional.
