La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) publicó una primera etapa de 26 documentos que suman 492 páginas. Esta acción ocurre a pocos días de cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976. El material detalla funciones de áreas internas, mecanismos de encubrimiento y esquemas de remuneración de agentes de la época. También se incluyeron manuales de delegaciones regionales fechados entre 1974 y 1980.
Entre los archivos destacan estrategias de la Dirección de Comunicación Social orientadas a influir psicosociológicamente en la población. También se desclasificaron relevamientos de la Comisión Asesora de Antecedentes sobre organizaciones sociales y políticas. La SIDE calificó este proceso como un acto de transparencia para fortalecer el vínculo con la sociedad. Toda la documentación ha sido puesta a disposición para la consulta pública.
El Ejecutivo actual impulsa el concepto de "memoria completa", buscando recuperar la historia de los crímenes cometidos tanto por el Estado como por organizaciones guerrilleras. Este enfoque ha generado debate con organismos de derechos humanos que exigen datos sobre el paradero de víctimas desaparecidas. Hasta el momento, el material revelado no contiene información directa sobre crímenes específicos. La documentación pasará al Archivo General de la Nación.
La política de desclasificación fue anunciada el año anterior como un compromiso para desmitificar teorías y fortalecer la credibilidad del sistema de inteligencia. El proceso actual se centra en la estructura administrativa y operativa que regía al organismo durante la década de los setenta. Se espera que futuras etapas incluyan información más detallada sobre el accionar de las Fuerzas Armadas. La transparencia en estos registros es el eje central de la nueva política.
Este primer lote de archivos permite comprender la burocracia interna y el andamiaje legal que sustentaba las operaciones de inteligencia hace cinco décadas. La SIDE busca que la publicación de estos textos históricos sirva para combatir la desinformación en el escenario político actual. Es la primera vez que se accede de forma masiva a los reglamentos de funcionamiento de las delegaciones regionales de la época.
El Gobierno planea que esta apertura sea progresiva para garantizar que toda la documentación en poder de la inteligencia pase a la órbita pública. Esta medida se complementa con el desfinanciamiento de organismos que el Ejecutivo considera sesgados en su interpretación del pasado. La prioridad es ofrecer un acceso irrestricto a los datos para que la ciudadanía evalúe los hechos históricos de forma directa.
