Lo que ocurre en Cuba no es un simple mal funcionamiento del sistema penitenciario; es una política de Estado diseñada para quebrar la voluntad de quienes osaron desafiar al régimen. Según Justicia 11J y Amnistía Internacional, desde inicios de 2025, el régimen castrista ha permitido el fallecimiento de 46 presos políticos, a quienes se les negó atención médica de forma deliberada. Estos hombres y mujeres no fallecieron por causas naturales, sino que fueron entregados a la muerte mediante una negligencia que constituye un crimen de lesa humanidad.
Durante la una de las audiencias celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Ciudad de Guatemala, la realidad fue puesta sobre la mesa: la privación de libertad en la isla funciona como una herramienta de castigo sistemático contra la libertad de expresión y la protesta pacífica. Los casos como el de Lázaro García Ríos, quien fue devuelto a prisión tras una cirugía cardíaca a pesar de no estar recuperado, muestra el cinismo criminal de una administración que utiliza la salud como un privilegio reservado únicamente para los leales al poder.
Además de los 46 fallecidos confirmados, se contabilizan 294 casos adicionales de detenidos a quienes se les ha negado atención médica, exponiéndolos a una tortura prolongada. La falta de alimentación, el consumo de agua no potable, la desnutrición severa y las plagas en los centros penitenciarios, como la tristemente célebre prisión "El Típico" en Las Tunas, dibujan un paisaje dantesco. La dictadura no solo encierra a los disidentes; los condena a una degradación física y psíquica que busca borrar cualquier rastro de dignidad humana.
El régimen, fiel a su tradición de opacidad, no ha iniciado una sola investigación independiente sobre estas muertes bajo custodia estatal. Por el contrario, los funcionarios penitenciarios gozan de una impunidad total, protegidos por un sistema que considera a cualquier disidente como un "enemigo" prescindible. Incluso las supuestas excarcelaciones realizadas hace un año, que fueron celebradas por sectores ingenuos o cómplices de la comunidad internacional, han demostrado ser una farsa: una maniobra de relaciones públicas marcada por la discrecionalidad política y la falta absoluta de garantías.
