El gobierno de Daniel Noboa ha intensificado su guerra contra el crimen organizado al decretar una medida de excepción que abarca nueve provincias y cuatro municipios clave, incluyendo los polos estratégicos de Quito y Guayaquil. Con esto, las fuerzas del orden recuperan la facultad de ingresar a viviendas e interceptar comunicaciones sin necesidad de autorización judicial previa, eliminando las trabas burocráticas que suelen beneficiar a las estructuras criminales. Esta ofensiva se produce en la víspera del feriado de Semana Santa, asegurando la presencia militar en las rutas y ciudades donde el narcotráfico ha intentado imponer su ley mediante la violencia y la extorsión.
El despliegue se concentra principalmente en la franja costera y las zonas fronterizas, puntos neurálgicos para las organizaciones que buscan exportar cocaína hacia los mercados de Europa y Estados Unidos. Provincias como Esmeraldas, El Oro, Guayas y Manabí verán una presencia reforzada de las Fuerzas Armadas, quienes operarán en estrecha coordinación con la Policía Nacional.
“El objetivo es desarrollar una capacidad operativa sostenible que permita golpear las estructuras financieras y logísticas del crimen organizado. No daremos tregua a quienes pretenden arrebatarle la paz a las familias ecuatorianas”, señalaron fuentes cercanas al Palacio de Carondelet tras la firma del decreto.
Un componente vital de esta nueva etapa es la cooperación internacional, específicamente con los Estados Unidos. Recientemente, las Fuerzas Armadas de Ecuador ejecutaron operaciones exitosas en la provincia de Sucumbíos, en la frontera con Colombia, donde contaron con apoyo estratégico estadounidense para desmantelar campamentos de los "Comandos de la Frontera". Este grupo, disidente de las FARC, representa una amenaza directa a la soberanía nacional, y su destrucción demuestra la eficacia de la alianza entre Quito y Washington en la lucha contra el terrorismo regional.
A pesar de que los índices de violencia heredados de administraciones anteriores situaron al país en niveles críticos durante 2025, el gobierno de Noboa mantiene su compromiso de revertir la tendencia mediante la ocupación militar de los focos de conflicto. La inclusión de la provincia de Pichincha en este decreto asegura que la capital, Quito, cuente con el blindaje necesario ante posibles represalias de las bandas criminales.
