El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el pasado jueves el despliegue inmediato de 13,000 efectivos militares hacia las cuatro provincias costeras y tropicales más críticas del país. La masiva movilización coincide con la declaración de un nuevo estado de excepción que rige sobre casi la mitad del territorio nacional y con la firma de un Decreto Ejecutivo que formaliza una fase de "guerra total" contra las bandas del narcotráfico internacional, permitiendo por primera vez el ingreso operativo de tropas extranjeras dotadas de inmunidad jurídica.
Los contingentes de las Fuerzas Armadas abandonarán los cuarteles situados en las regiones con menor incidencia delictiva para concentrarse de forma indefinida en los corredores logísticos de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro (provincia fronteriza con el Perú). Estas jurisdicciones estratégicas registran grandes niveles de criminalidad al ser utilizadas por las agrupaciones criminales como plataformas de acopio y rutas de exportación de cargamentos de cocaína con destino a los mercados de Europa y Norteamérica.
Las unidades militares intensificarán los patrullajes terrestres y marítimos, robustecerán los controles fijos de armamento de grueso calibre y ejecutarán asaltos tácticos contra los santuarios de las denominadas organizaciones "narcoterroristas". La provincia del Guayas (cuya capital, Guayaquil, funciona como el epicentro económico y portuario del país) recibirá el mayor impacto de la fuerza operativa, consolidando un contingente de 6,000 soldados adicionales que se acoplarán a las patrullas fijas de la zona.
La urgencia del despliegue técnico responde a la estadística criminal donde, de los 3,485 homicidios contabilizados a nivel nacional hasta el pasado mes de mayo, la provincia del Guayas concentraba por sí sola un total de 1,521 asesinatos.
"El objetivo primordial es arrebatar el control de las ciudades a las bandas delictivas y provocar una reducción drástica de las muertes violentas", afirmó el general Mauro Bedoya, jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
El núcleo del Decreto Ejecutivo 424 firmado por el primer mandatario introduce herramientas jurídicas destinadas a garantizar la impunidad de acción a los cuerpos de seguridad del Estado. Noboa anunció que concederá indultos presidenciales directos, rebajas y conmutaciones de penas a favor de todo el personal militar, policial y civil que sea procesado judicialmente mientras participe en operaciones de defensa estatal contra el conflicto armado interno.
Paralelamente, el decreto eleva una solicitud formal a la Asamblea Nacional para tramitar amnistías generalizadas que extingan de manera definitiva e irrevocable cualquier tipo de responsabilidad penal o civil para los uniformados que recurran al uso de la fuerza letal.
La innovación estratégica de esta nueva fase es la habilitación legal para que contingentes de ejércitos aliados operen en suelo ecuatoriano. Noboa confirmó que esta medida es el resultado de intensas negociaciones bilaterales al más alto nivel, consolidando convenios de cooperación "especialmente tras la última reunión bilateral mantenida en el Pentágono" con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Aunque los mandos militares locales aclararon que por el momento se mantendrán bajo los esquemas de asistencia tecnológica e intercambio de inteligencia satelital estadounidense sin tropas de asalto en el terreno, el andamiaje legal queda listo para el desembarco inminente de unidades especiales extranjeras.
(Con información de 20 Minutos y France 24)
