La Fiscalía General de Nueva York inició acciones legales contra Coinbase y Gemini, acusándolas de operar mercados de predicción de eventos sin la licencia estatal exigida por la normativa. Según el escrito judicial, estas plataformas permitieron apostar dinero real en resultados inciertos, como elecciones, ceremonias de premiación y partidos deportivos, sin contar con la autorización de la Comisión de Juegos del Estado.
El órgano acusador sostiene que las compañías permitieron el acceso a estos mercados a personas a partir de los dieciocho años, contradiciendo la legislación neoyorquina que fija los veintiún años como edad mínima. Este aspecto es fundamental en la demanda, ya que la fiscalía argumenta que se expuso a usuarios jóvenes a prácticas de juego con alto potencial adictivo sin implementar controles de verificación efectivos.
La demanda detalla que Coinbase y Gemini habrían ofrecido incluso apuestas vinculadas a equipos universitarios de Nueva York, una práctica que está expresamente prohibida por la regulación del estado. El análisis legal indica que estos mercados de predicción se ajustan estrictamente a la definición de juegos de azar, pues involucran desembolsos de capital sobre eventos que escapan al control del apostador.
La Fiscalía General fundamenta su caso en el impacto social negativo, citando investigaciones federales que vinculan la exposición temprana al juego con trastornos como la ansiedad y la depresión. Se incorporan datos de los Institutos Nacionales de la Salud y la Asociación Americana de Psicología que advierten sobre el riesgo de dificultades económicas y conductas suicidas en personas con ludopatía.
Ante estas infracciones, la fiscalía solicita al tribunal que ordene la devolución íntegra de todas las ganancias obtenidas mediante estas actividades no reguladas en el estado. El pliego de peticiones incluye el pago de compensaciones económicas directas a los usuarios afectados por las operaciones de las plataformas en mercados de predicción.
La causa liderada por las autoridades estatales pone en el centro del debate la necesidad de controles más estrictos para las empresas tecnológicas que operan en sectores financieros y de entretenimiento. Este proceso judicial se consolida como un precedente relevante en la regulación de activos digitales, exigiendo que las plataformas de criptomonedas respeten las mismas reglas que los casinos y casas de apuestas tradicionales.
Finalmente, la demanda exige que se restablezca la transparencia y la previsibilidad en el sector de las apuestas en línea, obligando a las empresas a someterse a la supervisión de la Comisión de Juegos. El resultado de este litigio determinará el nivel de responsabilidad de los mercados de predicción frente a las leyes de protección al consumidor y la salud pública del país.
