A una semana de la entrada en vigencia del nuevo toque de queda decretado por el presidente Daniel Noboa, las autoridades ecuatorianas reportaron la detención de 1.735 personas y el decomiso de cientos de armas de fuego y municiones. La medida, que restringe la circulación entre las 23:00 y las 05:00 horas, rige en nueve provincias estratégicas, incluyendo Guayas, Pichincha y Manabí, zonas que han sido identificadas como corredores críticos para el narcotráfico.
Ecuador se mantiene bajo la declaratoria de "conflicto armado interno" desde enero de 2024, una política de mano dura con la que Noboa ha catalogado a una veintena de estructuras delictivas como organizaciones terroristas. El actual toque de queda es el séptimo desde que el mandatario asumió la presidencia y el segundo en lo que va de 2026, consolidando una estrategia de seguridad basada en el control territorial y la movilización conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas.
El Ejecutivo defiende estas medidas señalando que intervenciones previas permitieron una reducción del 30% en los homicidios cometidos durante la madrugada, lo que justifica la persistencia de los estados de excepción en las regiones más violentas del país.
Además de las detenciones, la fuerza pública ha reportado la incautación de motocicletas, vehículos y grandes sumas de dinero en efectivo presuntamente utilizados por grupos criminales para financiar sus actividades ilícitas. Los operativos han incluido allanamientos masivos en sectores periféricos donde las economías ilegales han echado raíces profundas
La falta de salvoconductos para actividades productivas ha obligado a muchas empresas a reorganizar turnos y asumir costos adicionales de transporte, impactando la economía en un momento de fragilidad financiera. En ciudades como Quito y Guayaquil, la vida cotidiana se ha visto alterada con el cierre adelantado de establecimientos y la modificación de horarios en el transporte público.
En las provincias costeras como Manabí y Esmeraldas, donde el asedio de las bandas es más intenso, la ciudadanía percibe con escepticismo la efectividad a largo plazo de estas restricciones. Aunque se observa un mayor despliegue militar en las vías principales, los residentes denuncian que los asesinatos y secuestros continúan ocurriendo en los barrios más vulnerables, donde la presencia estatal es intermitente.
La estrategia de Daniel Noboa apuesta por la saturación de fuerza pública y el uso de estados de excepción como respuesta inmediata a una crisis de seguridad que dejó más de 9.000 homicidios en 2025. El gobierno insiste en que no cederá ante las amenazas de los grupos delictivos y que el toque de queda es una herramienta necesaria para recuperar la soberanía en territorios controlados por el crimen organizado.
(Con información de Ecuavisa, El País e Infobae)
