El informe, respaldado por datos de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), revela que entre enero y marzo de 2026 se registraron 44 agresiones contra periodistas y medios independientes. Estas acciones incluyen ataques verbales, campañas de estigmatización digital y procesos judiciales que buscan debilitar el acceso a información libre. El Colectivo de Derechos Humanos señaló que el 80% de estos ataques fueron dirigidos contra personas físicas, mientras que el resto afectó a entidades jurídicas, evidenciando un enfoque de represalia individualizada para silenciar voces críticas.
La estrategia estatal ha evolucionado hacia una vigilancia digital. Ante la imposibilidad de ejercer el periodismo presencial dentro de Nicaragua, los voceros oficialistas han intensificado el monitoreo de las publicaciones realizadas desde el exilio. Esta "judicialización de la información" se traduce en campañas de desprestigio y amenazas directas que afectan la seguridad de los comunicadores, incluso bajo protección internacional. La ONG advierte que esta presión digital agrava la vulnerabilidad de los periodistas, quienes ya enfrentan precariedad económica y dificultades migratorias en el extranjero.
“La persecución se ha transformado en un fenómeno transnacional, utilizando plataformas digitales para extender el hostigamiento más allá de las fronteras nicaragüenses”, denunció el Colectivo de Derechos Humanos.
Desde el estallido de las protestas en abril de 2018, el impacto sobre la infraestructura mediática ha sido devastador. Al menos 54 medios de comunicación han sido cerrados por orden estatal, incluyendo casos emblemáticos como La Prensa, Confidencial, 100% Noticias y La Trinchera de la Noticia. En cinco de estos casos, las instalaciones y bienes fueron allanados y confiscados por las autoridades. Esta política de "tierra arrasada" informativa ha dejado a la ciudadanía con opciones mínimas de consulta independiente, favoreciendo el monopolio de la narrativa oficialista.
El desplazamiento forzado es otra de las consecuencias más graves documentadas en el reporte. Se estima que más de 304 trabajadores de la prensa han tenido que abandonar Nicaragua por motivos de seguridad o han sido desterrados formalmente en los últimos ocho años. Para quienes permanecen en el país, el panorama es de vigilancia física constante y riesgo inminente de detención. Los puntajes de Nicaragua en indicadores internacionales sobre ciudadanía informada y actuación del Estado contra la violencia permanecen en niveles mínimos, comparables con la situación que atraviesa Venezuela.
La vulnerabilidad de los periodistas exiliados es un punto central de la denuncia. Al depender de mecanismos de refugio o enfrentar situaciones de apatridia de facto, muchos comunicadores carecen de acceso básico a salud y empleo, lo que limita su capacidad para sostener sus plataformas informativas. La ONG enfatizó que el anonimato de los actores no estatales que replican los patrones de burla y estigmatización estatal complica la atribución de responsabilidades legales, permitiendo que la violencia simbólica y digital quede impune en el espacio internacional.
El informe concluye que la intensidad y el volumen de los ataques han incrementado, reflejando una intención deliberada de eliminar cualquier vestigio de ejercicio periodístico independiente. La comunidad internacional recibe esta alerta como un llamado urgente a proteger a quienes, desde la precariedad del exilio, intentan mantener vivo el flujo de información hacia un país donde informar se ha convertido en un delito perseguido por el Estado.
