El general William Rincón, director de la Policía Nacional Colombiana, anunció recompensas de hasta 5.000 millones de pesos por alias "Iván Márquez", principal autor intelectual del crimen. Las autoridades confirmaron que el magnicidio fue una operación estructural de este grupo narcoterrorista para impactar la democracia. El senador del Centro Democrático falleció tras ser atacado durante un mitin en Bogotá por sicarios bajo el mando de esta organización.
La Fiscalía ofreció millonarias sumas por líderes como "Jhon 40" y "Zarco Aldinever", quienes planificaron el atentado de manera consensuada desde la cúpula. Según las investigaciones, el grupo utilizó una red urbana como "outsourcing" para ejecutar los disparos que acabaron con la vida del líder derechista. Hasta el momento, nueve personas han sido capturadas y cuatro ya recibieron condena por este ataque.
La fiscal general detalló que alias "Yako" fue la pieza central en la coordinación y financiación del asesinato del precandidato presidencial. El testimonio de alias "El Viejo", uno de los condenados, ratificó que la orden directa provino de la Segunda Marquetalia tras abandonar los diálogos de paz. Este grupo decidió apartarse de las negociaciones en 2024 para retomar su campaña de violencia y desestabilización.
Entre los buscados figuran también "Enrique Marulanda", "Rusbel" y "Gonzalo", todos señalados como responsables de la logística criminal en la capital. El general Rincón dispuso un despliegue nacional para lograr la pronta ubicación de estos cabecillas que operan desde la clandestinidad. La muerte de Uribe Turbay, tras dos meses de agonía, sigue siendo el golpe más grave de las disidencias contra la oposición.
La evidencia recaudada apunta a que el magnicidio no fue un hecho aislado, sino una directriz del nivel más alto de la organización terrorista. La Segunda Marquetalia busca, mediante la eliminación de figuras políticas, socavar el orden constitucional y generar caos electoral. El Gobierno ha intensificado la persecución contra Luciano Marín Arango por traicionar nuevamente los compromisos de seguridad nacional.
La Policía Nacional solicitó colaboración ciudadana para dar con el paradero de estos sujetos, considerados una amenaza latente para el Estado. El proceso judicial identificó que el atentado se planeó con meses de antelación, utilizando recursos del narcotráfico para pagar a la red delictiva local. El sistema democrático colombiano se mantiene en alerta ante las pretensiones de estos grupos residuales.
Las autoridades subrayaron que no habrá impunidad para los autores intelectuales que ordenaron silenciar a una de las voces más críticas de la derecha. La cooperación entre la Fiscalía y la fuerza pública ha sido determinante para desarticular la conexión entre las disidencias rurales y las células urbanas. Se espera que la presión y las recompensas faciliten la captura de los responsables en las próximas semanas.
