El Ministerio Público de Paraguay ordenó la apertura de una causa penal para investigar las infiltraciones informáticas dirigidas contra la soberanía digital del país. El fiscal general de la República, Emiliano Rolón Fernández, asignó la conducción del caso a la agente fiscal Irma Llano, especialista en delitos informáticos de la institución. Las indagaciones penales iniciaron formalmente tras la denuncia presentada por el ministro de Tecnologías, Gustavo Villate.
La gravedad de la agresión cibernética quedó expuesta en una declaración conjunta emitida con la Embajada de Estados Unidos en Asunción. Las agencias de inteligencia identificaron la presencia activa del peligroso grupo de piratas informáticos denominado Flax Typhoon, una organización vinculada al régimen de Beijing. Este mismo escuadrón ya había perpetrado el robo de información confidencial de la Cancillería paraguaya en 2024.
Los hechos delictivos denunciados por el Ejecutivo paraguayo incluyen la interrupción de servicios públicos digitales y el acceso no autorizado a bases de datos sensibles. Los peritos informáticos del Estado lograron recolectar evidencia técnica contundente sobre actividades maliciosas originadas de manera remota desde territorio asiático. Las autoridades paraguayas advirtieron que la acusación formal podría ampliarse en los próximos días.
Por razones estrictas de seguridad nacional, el gobierno paraguayo decidió mantener en reserva absoluta los pormenores de los sistemas vulnerados por los atacantes. El director general de Ciberseguridad, Pedro Martínez, aclaró que la atribución de autoría al régimen comunista se basa en patrones de comportamiento técnico, horarios de operación y tipos de software malicioso utilizados. Estos mismos criterios profesionales son aplicados por potencias de Occidente frente al espionaje auspiciado por Estados.
El consulado general de China en São Paulo emitió un comunicado para rechazar rotundamente las acusaciones, calificando el señalamiento de falso y difamatorio. No obstante, Paraguay es el único país de toda América del Sur que mantiene relaciones con Taiwán, lo que convierte a la nación guaraní en un objetivo constante del hostigamiento geopolítico del partido comunista. El presidente Santiago Peña ha denunciado reiteradamente el uso del ciberespionaje como herramienta de presión.
Los expertos explican que el objetivo de estas agresiones extranjeras no es un dato aislado, sino una recolección masiva de información para inteligencia. La Unidad de Delitos Informáticos del Ministerio Público coordinará labores con agencias internacionales para rastrear las huellas digitales de los agresores extranjeros. Los investigadores enfrentan el colosal desafío de procesar evidencias en un escenario transfronterizo donde no existe colaboración judicial de Beijing.
El avance de esta causa penal dependerá de la solidez que alcancen los informes forenses presentados por los técnicos de la secretaría de Estado. Las instituciones públicas han elevado los niveles de alerta para neutralizar la presencia de software malicioso en toda la red pública de telecomunicaciones. Con esta acción judicial, la nación sudamericana ratifica su determinación de no ceder ante las hostilidades del gigante asiático en el ciberespacio.
(Con información de Infobae)
