Paraguay atraviesa un cambio significativo en su relación con el sector rural. Por primera vez en más de tres décadas, la Federación Nacional Campesina (FNC) decidió suspender su tradicional marcha de marzo, una movilización que desde 1994 llevaba las reivindicaciones del campo hasta Asunción.
El anuncio fue realizado por el secretario general de la organización, Marcial Gómez, quien destacó que la protesta cumplió un papel clave durante años al dar visibilidad a las demandas campesinas y permitir avances concretos. Sin embargo, sostuvo que el escenario actual es diferente y que se abre una nueva etapa basada en el diálogo con el Gobierno.
La decisión refleja un giro en la dinámica entre el Estado y los productores rurales. Bajo la administración del presidente Santiago Peña, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha impulsado una estrategia enfocada en la atención directa al agricultor en su propio territorio, evitando que deba trasladarse a la capital para ser escuchado.
El ministro Carlos Giménez subrayó que el objetivo central es fortalecer la economía del productor paraguayo, destacando que la tierra es el principal activo del sector. En este sentido, el Gobierno ha buscado responder de manera concreta a las necesidades del campo, con un enfoque coordinado entre distintas instituciones.
“Todas las instituciones trabajamos al unísono para que se vea el desarrollo del sector”, afirmó Giménez, quien además remarcó la importancia de incorporar tecnología e innovación para mejorar la productividad, especialmente entre los pequeños productores.
El nuevo modelo de gestión se estructura sobre cuatro pilares fundamentales: asistencia técnica, acceso a financiamiento, regularización de la propiedad de la tierra y apertura de mercados para la producción agrícola. Esta combinación apunta a resolver problemas históricos que durante años motivaron las movilizaciones campesinas.
Según el ministro, el cambio radica en que ahora el Estado se acerca al productor en lugar de esperar que el productor reclame desde la capital. “Los campesinos venían a Asunción porque no se atendían sus reivindicaciones. Ahora lo que hacemos es atender al agricultor en su territorio”, explicó.
La suspensión de la marcha anual se interpreta así como un indicador del impacto de estas políticas. No se trata de la desaparición de las demandas del sector, sino de un nuevo canal de relación más directo, institucional y orientado a resultados.
Este giro también refuerza una estrategia más amplia del Gobierno paraguayo: impulsar una agricultura sostenible, competitiva y con mayor integración territorial. La coordinación institucional y la presencia del Estado en el campo buscan consolidar un modelo que reduzca tensiones y promueva el desarrollo.
Tras más de 30 años de movilizaciones, Paraguay parece entrar en una etapa distinta. El desafío ahora será sostener este nuevo clima de entendimiento y traducirlo en mejoras concretas y duraderas para el sector rural, que sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la economía del país.
