El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido profundizar su acercamiento al régimen de Pekín, ignorando de forma sistemática las advertencias de seguridad nacional emitidas por los Estados Unidos. En su próxima visita oficial a China, del 11 al 15 de abril, el líder socialista clausurará un foro empresarial donde participarán directivos de CATL (gigante de las baterías) y China Three Gorges (compañía eléctrica estatal). Ambas entidades han sido señaladas por la administración de Donald Trump como "compañías militares chinas" que operan para modernizar el Ejército Popular de Liberación, motivo por el cual figuran en la restrictiva lista 1260H de Washington.
Esta cita de alto nivel no es un hecho aislado, sino la continuación de una política de "puertas abiertas" hacia proveedores de alto riesgo que ha generado un profundo malestar en la Casa Blanca. El programa del viaje, coordinado por la Oficina de Asuntos Económicos de la Moncloa, prevé encuentros directos con Meng Xiangfeng (vicepresidente de CATL) y Li Fuming (presidente de China Three Gorges). Para los expertos en inteligencia cercanos al entorno republicano, esta actitud del Gobierno español supone una brecha en la seguridad de la OTAN, permitiendo que corporaciones vinculadas al espionaje se presenten como "socios innovadores" en suelo europeo.
La controversia tecnológica con China tiene un precedente económico muy claro en el Ministerio del Interior. España mantiene vigente un contrato de 12,3 millones de euros con Huawei para la renovación de los sistemas de almacenamiento del sistema SITEL. Esta infraestructura es la encargada de custodiar las grabaciones de las interceptaciones telefónicas autorizadas por jueces en investigaciones criminales sensibles. Aunque el Ejecutivo defiende que los servidores OceanStor 6800V de Huawei son un "sistema estanco", Washington ha reaccionado con dureza, enviando cartas desde los comités de Inteligencia del Congreso pidiendo revisar el intercambio de información con España.
Para la administración Trump, la presencia de tecnología de Huawei en el corazón de las escuchas judiciales españolas es una "línea roja" que pone en riesgo la inteligencia compartida. El temor de los senadores y congresistas estadounidenses es que, bajo las leyes de seguridad nacional de Pekín, cualquier dato en servidores de Huawei sea accesible para el Partido Comunista Chino. Mientras otros aliados han expulsado a la firma china de sus redes críticas, el Gobierno de Sánchez ha optado por certificar sus productos, desoyendo el consenso de los servicios de inteligencia de las potencias conservadoras.
Incluso la Comisión Europea ha mostrado sus recelos ante la decisión española, recordando que "no siempre la oferta más barata es la mejor" cuando la seguridad nacional está en juego. Sin embargo, Sánchez parece decidido a seguir los pasos de su vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, quien ya en 2025 buscaba activamente la "transferencia tecnológica" desde estas empresas señaladas.
