El Gobierno de Perú oficializó la declaración del estado de emergencia por un plazo de 60 días calendario en los distritos de Pisco y San Andrés, ubicados en la provincia de Pisco (región Ica), ante el incremento de la criminalidad organizada y diversas manifestaciones de violencia. La disposición, ratificada mediante el Decreto Supremo N.° 132-2026-PCM publicado este sábado 19 de septiembre, busca restituir el principio de autoridad y reforzar las operaciones de inteligencia en la zona costera.
Bajo el amparo del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, la norma otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la conducción del orden interno con el respaldo operativo de las Fuerzas Armadas. Durante el periodo de vigencia de la medida, quedan suspendidos cuatro derechos fundamentales: la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. En consecuencia, todo evento masivo (sea de carácter cultural, deportivo o religioso) requerirá permiso previo de las autoridades competentes.
"La continuidad del régimen de excepción busca hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia en estas jurisdicciones", fundamentan los decretos supremos difundidos por la Presidencia del Consejo de Ministros.
De manera simultánea, el Ejecutivo extendió por otros 60 días el estado de emergencia en regiones clave azotadas por la delincuencia. Mediante el Decreto Supremo N.° 133-2026-PCM, la medida se prorrogó en las provincias fronterizas de Zarumilla y Tumbes a partir del 25 de septiembre para contener el tráfico ilícito en la frontera norte. Asimismo, en La Libertad, el Decreto Supremo N.° 134-2026-PCM mantendrá el régimen de excepción desde el 23 de septiembre en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén.
Las acciones del Gobierno abarcan también la prórroga por 60 días (Decreto Supremo N.° 135-2026-PCM) en doce distritos y ocho centros poblados ubicados en las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco. Esta ampliación prioriza la seguridad en la franja territorial del "Eje Energético del Gas de Camisea" y en el "Corredor Operacional Fluvial-Terrestre del Ene", con el objetivo de blindar la infraestructura crítica y contrarrestar la presencia de células narcoterroristas en la zona.
Este paquete de decretos se alinea con las disposiciones implementadas semanas atrás en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. La estrategia integral contempla intervenciones policiales fundamentadas en mapas del delito, patrullaje combinado con las Fuerzas Armadas, neutralización de antenas ilegales de telecomunicaciones y un estricto control en los establecimientos penitenciarios que incluye el apagón de energía en celdas y pruebas de polígrafo al personal del INPE para frenar las extorsiones desde los penales.
(Con información de La República y Diario de Cuyo)
