Gustavo Petro ha promulgado una norma que obliga a todas las entidades vigiladas (desde bancos hasta fondos de pensiones) a compartir la información de sus usuarios con terceros. Este esquema de "Open Banking" obligatorio deja atrás el modelo voluntario para convertir el flujo de datos personales en un mandato legal. Para los defensores de la propiedad privada esta medida representa una socialización de la información financiera, donde el Estado dicta las reglas sobre cómo y cuándo deben circular los ahorros y movimientos de los colombianos.
🇨🇴‼️| En una medida vergonzosa, Gustavo Petro firmó un decreto para que todos los bancos de Colombia se vean obligados a entregar información financiera de sus ciudadanos. A partir de ahora, es obligatorio el Sistema de Finanzas Abiertas para la totalidad de las entidades… pic.twitter.com/nGhKb8thpQ
— UHN Plus (@UHN_Plus) April 11, 2026
La normativa establece que las entidades deberán entregar, como mínimo, el historial de transacciones de los últimos 12 meses de cada cliente. Aunque el decreto menciona que se requiere la autorización del titular, la obligatoriedad impuesta a las instituciones para construir esta infraestructura de intercambio masivo sugiere una intención de vigilancia centralizada. Al estandarizar el acceso a datos sobre créditos, cuentas y seguros, el gobierno del Pacto Histórico facilita que actores externos y el propio aparato estatal tengan una radiografía exacta del comportamiento económico de la población, debilitando el derecho a la privacidad.
La centralización de información financiera es el primer paso hacia sistemas de control social y fiscalización agresiva. El decreto otorga a la Superintendencia Financiera la facultad de administrar un "directorio de participantes", lo que pone en manos de funcionarios alineados con el Ejecutivo el control sobre quiénes pueden entrar al sistema de datos. Esta estructura rompe la relación de confianza exclusiva entre el cliente y su banco, exponiendo el patrimonio a la burocracia estatal y a terceros no vigilados que ahora podrán vincularse al modelo.
El plazo para la implementación de este sistema es de hasta 18 meses, tiempo en el cual las entidades financieras deberán invertir millonarios recursos para cumplir con las exigencias del gobierno. Estos costos operativos, derivados de una imposición ideológica de izquierda que busca "democratizar" el dato, terminarán impactando la rentabilidad del sector y la seguridad de las plataformas. La promesa de "mecanismos robustos de seguridad" resulta insuficiente ante la magnitud de una base de datos nacional interconectada que se convierte en un objetivo estratégico para el cibercrimen y el espionaje político.
