El gobierno de Gustavo Petro ha dado otro golpe contra la propiedad privada en Colombia al ordenar el traslado forzoso de 28 billones de pesos desde los fondos privados a la estatal Colpensiones. Bajo el disfraz de una "reforma social", el régimen izquierdista ha decidido tomar los ahorros que los ciudadanos construyeron durante décadas de esfuerzo personal.
Expertos y opositores denuncian que la verdadera intención de este movimiento no es mejorar las pensiones, sino convertir el dinero de los trabajadores en una "caja menor" para el Palacio de Nariño. Al apropiarse de estos US $7.000 millones, Petro obtiene la liquidez necesaria para mantener su maquinaria política y financiar subsidios de cara a las próximas etapas de su proyecto de poder.
"Imagínese que en su hogar alguien trabaja, ahorra una plata y la guarda para el futuro (…) y de pronto llega otro habitante y le dicen: eso me lo tiene que trasladar", denunció el presidente de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco.
La urgencia de la medida es interpretada como un intento de "hecho consumado" antes de que la Corte Constitucional pueda frenar la ley. El mandatario busca gastarse el dinero lo antes posible para que, en caso de un fallo en contra, los recursos ya estén disueltos en la burocracia estatal, haciendo imposible su devolución a las cuentas individuales de los ahorradores.
“La rapidez de estos traslados pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. No se está pensando en el ahorrador, sino en la caja del Gobierno para cumplir sus promesas políticas”, advirtieron economistas a Bloomberg tras analizar el impacto del decreto en los TES colombianos.
Desde el gremio de las AFP, la indignación es total al verse obligados a liquidar activos de forma masiva, lo que destruye el valor de las carteras y perjudica la rentabilidad de todos los afiliados. Para el gobierno colombiano, el ahorro individual es un obstáculo; para Petro, es un botín que le permite simular una estabilidad económica que su gestión es incapaz de generar de forma legítima.
Al centralizar US $7.000 millones bajo control estatal, el régimen no solo pone en peligro la vejez de millones de personas, sino que pone en juego la confianza institucional necesaria para cualquier inversión en el país.
