La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 29 de enero de 2026 representa un punto de inflexión en la política estadounidense hacia Cuba. Por primera vez desde la promulgación de la Ley Helms-Burton en 1996, un mandatario estadounidense declara formalmente que el régimen cubano constituye una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y para la estabilidad del hemisferio occidental.
El documento, emitido bajo la autoridad de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), no solo endurece las sanciones existentes, sino que introduce un marco jurídico que permite respuestas más rápidas y amplias ante cualquier acción del gobierno de Miguel Díaz-Canel que amenace intereses estadounidenses o aliados regionales. Entre las disposiciones clave se encuentran:
- La prohibición total de transacciones financieras con entidades cubanas vinculadas al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior.
- La congelación inmediata de cualquier activo cubano que transite por el sistema financiero estadounidense o de aliados.
- La aplicación automática de aranceles del 25 % a cualquier país que suministre petróleo, derivados o financiamiento a Cuba.
- La designación del régimen cubano como “patrocinador activo de terrorismo” en caso de que se compruebe su participación directa en actividades que desestabilicen la región.
Trump justificó la medida argumentando que Cuba ha mantenido una alianza estratégica con el narcotráfico transnacional, ha exportado personal de inteligencia y represión a Venezuela y Nicaragua, y continúa albergando a fugitivos estadounidenses buscados por terrorismo y espionaje. “Cuba no es solo un régimen fallido; es un exportador de inestabilidad y represión. Ya basta”, declaró el presidente desde la Casa Blanca.
Esta orden llega en el peor momento para La Habana. La interrupción total del suministro petrolero venezolano tras la captura de Nicolás Maduro ha dejado a la isla sin su principal fuente de energía, generando apagones que superan las 20 horas diarias en muchas provincias, colapso del transporte y una escasez alimentaria que amenaza con convertirse en crisis humanitaria. Los envíos mexicanos, que alcanzaron un promedio de 17.200 barriles diarios en 2025, ahora enfrentan el riesgo de aranceles punitivos, lo que prácticamente cierra esa vía alternativa.
El impacto económico es devastador. Sin combustible para termoeléctricas ni para el transporte de alimentos, la capacidad del régimen para mantener el control social se erosiona rápidamente. Analistas coinciden en que la combinación de aislamiento financiero, crisis energética y malestar popular podría precipitar un punto de inflexión irreversible.
Desde el punto de vista jurídico, la declaración de “amenaza inusual y extraordinaria” activa mecanismos que amplían las facultades presidenciales bajo la IEEPA, permitiendo sanciones sin necesidad de aprobación congresional previa y facilitando acciones ejecutivas rápidas contra terceros países o entidades que sostengan al régimen cubano.
La orden también envía un mensaje claro a aliados regionales y globales: quien continúe financiando o abasteciendo a Cuba enfrentará costos económicos directos en su relación con Estados Unidos. Esta postura refuerza la estrategia de “máxima presión” que caracterizó el primer mandato de Trump y que ahora se aplica con mayor determinación.
Para Cuba, el horizonte es sombrío. Sin petróleo venezolano, con proveedores alternativos bajo amenaza y sin aliados capaces de sostenerla en la escala necesaria, el régimen enfrenta su prueba más dura en más de tres décadas. La orden ejecutiva de Trump no solo marca un hito jurídico y político; acelera lo que muchos observadores consideran inevitable: el agotamiento definitivo de un modelo que ya no puede sostenerse ni económica ni políticamente.
