El Partido Social Demócrata (PSD), socio del Gobierno de centroderecha en Portugal, alcanzó este miércoles un acuerdo con el partido Chega para limitar la concesión de la nacionalidad. Hugo Soares, líder parlamentario del PSD, calificó la jornada como un "día positivo para el país". La propuesta busca dificultar el acceso al pasaporte luso y permitir la revocación de la ciudadanía en casos de delitos graves.
La nueva legislación pone fin a la concesión automática de la nacionalidad a hijos de migrantes nacidos en suelo portugués. Además, el texto incluye modificaciones al Código Penal para arrebatar el pasaporte a quienes posean doble nacionalidad y sean condenados a penas superiores a seis años. Esta medida se aplicará específicamente a delitos cometidos dentro de los diez años posteriores a la adquisición de la ciudadanía.
El acuerdo integra demandas de los sectores conservadores para denegar el pasaporte a individuos vinculados al tráfico de drogas, terrorismo y criminalidad organizada. El Gobierno también elevó de dos a cinco años la pena de cárcel mínima en Portugal que inhabilita a un extranjero para obtener la ciudadanía. Estas reformas pretenden garantizar que el vínculo con el Estado luso responda a una conducta conforme a la ley.
El proceso legislativo surge tras una revisión del Tribunal Constitucional, que obligó al Ejecutivo a ajustar el borrador inicial para no vulnerar la Carta Magna. El Partido Socialista ya anunció su rechazo frontal a la iniciativa, mientras que el PSD defendió haber negociado con todas las fuerzas políticas. La normativa también contempla castigos severos para quienes faciliten la inmigración ilegal en el país.
Los cambios aprobados especifican que la pérdida de la nacionalidad solo afectará a condenados por delitos contra el Estado o violencia extrema. El consenso alcanzado permite al Gobierno avanzar en su agenda de seguridad nacional y control migratorio. Esta reforma sitúa a Portugal en una línea de protección de la soberanía, similar a otras naciones de la Unión Europea con gobiernos de derecha.
La votación en la unicameral Asamblea de la República consolida una alianza estratégica entre el centroderecha y las fuerzas patrióticas. A pesar de los cambios de postura previos de Chega, las concesiones en materia de tráfico de estupefacientes aseguraron su respaldo definitivo. El nuevo marco legal busca proteger la identidad nacional lusa mediante requisitos de integración y legalidad mucho más rigurosos.
