El presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, lideró este martes en la Plaza de la Constitución el acto de entrega de 26 nuevos vehículos a la Policía de Investigaciones (PDI). La iniciativa busca fortalecer la infraestructura técnica y la capacidad operativa de la institución policial en el combate contra el crimen organizado, la persecución del narcotráfico y la ejecución de procedimientos de alta peligrosidad a nivel nacional.
La ceremonia oficial contó con la participación de miembros del gabinete ejecutivo y mandos policiales, entre los que destacaron el ministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; la subsecretaria de Seguridad, Pilar Giannini; el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero; y el director general de la PDI, Eduardo Cerna. Las unidades vehiculares entregadas corresponden a tres procesos de adquisición concretados entre 2024 y 2025, representando una inversión estatal conjunta aproximada de 1.853 millones de pesos chilenos.
La flotilla asignada a la PDI contempla diversos tipos de unidades adaptadas a requerimientos tácticos específicos, incluyendo vehículos urbanos tipo citycar, unidades blindadas de alta protección y vehículos de apoyo especializado para binomios tácticos. Según se indicó durante la presentación, el equipamiento está diseñado tanto para la protección de la ciudadanía como para garantizar la integridad física de los funcionarios policiales durante operativos de alto riesgo frente a estructuras delictivas dotadas de tecnología y armamento pesado.
"El Estado, cuidando los derechos de las personas, tiene que reaccionar con fuerza, con firmeza", afirmó el mandatario durante la actividad.
Durante su intervención, el mandatario destacó que la asignación de recursos responde al desarrollo de una política de Estado continuada en el tiempo mediante licitaciones públicas previas. No obstante, Kast enfatizó que la dotación material requiere imperativamente de la voluntad institucional para garantizar su efectividad en la protección de los derechos de la población.
(Con información de la Prensa Presidencial de Chile)
