Los representantes a la Cámara Julio César Triana y Jaime Arizabaleta radicaron ante el Congreso de la República de Colombia el proyecto de norma conocido como la ‘Ley Anticapuchos’. La iniciativa legislativa busca tipificar como delito el uso de prendas para ocultar el rostro durante las protestas ciudadanas cuando este recurso se emplee para cometer acciones violentas, vandalismo o bloqueo de carreteras, estableciendo penas de prisión de carácter no excarcelable.
El texto presentado establece que las personas que recurran al ocultamiento de identidad para ejecutar actos delictivos en el marco de la protesta social enfrentarán condenas que van desde los cuatro hasta los ocho años de cárcel.
"La idea es crear un tipo penal en Colombia que haga que el ocultamiento de la identidad, cuando es utilizado para actos vandálicos, tenga una condena que no sea excarcelable", declaró el representante Julio César Triana, coautor de la propuesta.
Por su parte, el congresista Jaime Arizabaleta enfatizó que el proyecto busca además penalizar con rigor el bloqueo de vías públicas, eliminando las modalidades de libertad condicional o beneficios que permitan evadir el cumplimiento efectivo de la pena.
"El derecho de los bloqueadores no está por encima de cientos de miles de ciudadanos. Bloquear vías siempre ha sido prohibido, pero ha tenido una pena muy pequeña y es excarcelable, así que no hay ninguna persona que esté en prisión por bloqueo de vías", puntualizó.
Los autores del proyecto aclararon que la ley ordinaria no pretende restringir ni regular el ejercicio constitucional del derecho a la manifestación pacífica en el país, sino desincentivar las prácticas violentas de grupos extremistas. La propuesta apunta a fijar límites claros que distingan la movilización ciudadana legítima de la alteración premeditada del orden público y los daños a la infraestructura estatal o privada.
Tras su radicación este martes 1 de septiembre, la iniciativa ingresará a las comisiones correspondientes de la Cámara de Representantes para iniciar el primer debate formal. Los legisladores promotores esperan consolidar una mayoría parlamentaria que respalde la adopción de herramientas penales más severas, reforzando la operatividad de la fuerza pública y los órganos judiciales frente a los disturbios violentos en las principales ciudades colombianas.
(Con información de La FM y La Razón Colombia)
