La Policía Metropolitana de Londres solicitó formalmente a las autoridades de Chipre la extradición del ciudadano británico-azerbaiyano Rashad Sultanov, acusado de espiar para la dictadura teocrática de Irán. Sultanov, de 44 años, se encuentra bajo custodia en la isla mediterránea desde su arresto inicial en 2025 (marco en el cual autoridades israelíes señalaron la desarticulación de un ataque contra sus ciudadanos). Tras ser notificado de la solicitud de extradición el pasado 17 de julio, el imputado afronta el proceso sin haberse declarado culpable hasta el momento.
La investigación contra Sultanov constituye la primera investigación británica en el extranjero llevada a cabo por la policía antiterrorista en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. Las pesquisas señalan que, entre el 11 de mayo y el 22 de junio de 2025, el sospechoso llevó a cabo labores de vigilancia hostil en la base aérea de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Akrotiri para posteriormente transferir la información recabada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), el brazo armado del régimen teocrático de Teherán.
Sin embargo, el caso ha alertado sobre las debilidades estructurales y las políticas concesivas de los sucesivos gabinetes británicos en materia de seguridad. Pese a que la jefa de la policía antiterrorista de Londres, Helen Flanagan, ponderó la aplicación extraterritorial de la ley, críticos y analistas de seguridad señalan que la respuesta del Reino Unido ante el aparato de inteligencia e infiltración de Teherán continúa siendo tibia e insuficiente para disuadir la amenaza real que representa el régimen.
La pasividad del liderazgo político en Londres queda expuesta ante el historial reciente de agresiones directas que ha sufrido la propia instalación militar de Akrotiri. Irán no solo ha amenazado abiertamente con bombardear cualquier base británica que preste apoyo operacional a las fuerzas de Estados Unidos e Israel, sino que en marzo pasado logró atentar contra dicha infraestructura mediante el impacto de un dron suicida tipo Shahed.
"Este caso demuestra que utilizaremos la Ley de Seguridad Nacional en el extranjero cuando las bases militares británicas sean objetivo de actividades hostiles por parte de un régimen extranjero", declaró Helen Flanagan.
La falta de una respuesta contundente por parte del Gobierno británico frente a los ataques y el espionaje patrocinado por Teherán ha derivado en repliegues estratégicos cuestionables. Tras el ataque con drones en Akrotiri y el lanzamiento de misiles balísticos contra posiciones anglo-estadounidenses en el Océano Índico, las autoridades de Londres optaron por desvincular la base chipriota del acuerdo de defensa con Washington para el uso coordinado de instalaciones militares.
(Con información de Reuters y Europa Press)
