El Gobierno del Reino Unido denunció que una serie de atentados contra objetivos judíos y medios de comunicación en Londres fueron orquestados por el régimen de Irán. El Palacio de Downing Street anunció la prohibición de la Guardia Revolucionaria Islámica y declaró la ilegalización del grupo terrorista instrumental Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha (IMCR). Las agencias de seguridad británicas constataron que detrás de esta organización criminal operaban oficiales de la Fuerza Quds, la unidad encargada de exportar el terrorismo integrista a territorio occidental.
La ministra de Seguridad, Angela Eagle, precisó que el IMCR se adjudicó la autoría de siete ataques incendiarios perpetrados en la capital británica durante los últimos meses. Entre los objetivos civiles atacados por la célula islamista se encontraban sinagogas, ambulancias de una beneficencia judía y las sedes de canales disidentes de los ayatolás. Aunque las autoridades confirmaron que los atentados no provocaron víctimas mortales, la gravedad de los sabotajes forzó la adopción de medidas de excepción inéditas en la legislación antiterrorista del Reino Unido.
La facción conocida como Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, apareció a principios de año para difundir propaganda y reivindicar los atentados. Los informes de inteligencia señalan que la cúpula teocrática de Teherán consolidó una red transnacional de intermediarios para atacar sistemáticamente a la disidencia política y a la población hebrea en el continente. Esta estrategia coordinada incluye el reclutamiento encubierto de bandas del crimen organizado europeo, a las cuales el fundamentalismo chií financia para ejecutar las agresiones.
La amenaza del integrismo islámico proiraní se ha extendido por Europa, registrándose ataques de idéntica matriz en Bélgica y Países Bajos. Los expertos alertaron que el aumento de las agresiones contra sinagogas y periodistas responde a una directiva centralizada dictada desde Teherán para amordazar a los críticos de la dictadura. Como precedente jurídico, los tribunales británicos condenaron a dos ciudadanos rumanos por apuñalar a un reportero televisivo crítico del régimen persa, determinando que el crimen fue ejecutado por encargo expreso del Estado iraní.
La determinación del Gobierno británico se alinea con las sanciones previas impuestas por la Unión Europea, que en enero catalogó a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista internacional. El bloque comunitario adoptó dicha resolución tras comprobar el rol de la estructura militar en la represión de civiles en el país persa y su constante financiamiento a las milicias yihadistas. Con esta nueva proscripción en Londres, los miembros del Cuerpo de la Guardia y sus colaboradores enfrentarán penas de prisión inmediatas y la incautación de sus activos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen teocrático ha mantenido un estricto silencio oficial ante las graves acusaciones formuladas por la administración británica. El mutismo de los clérigos chiíes coincide con el peor momento de aislamiento internacional para Irán, cuyas fuerzas armadas sufren constantes bombardeos occidentales en los enclaves del Golfo. La diplomacia del Reino Unido enfatizó que no retrocederá en la aplicación de las normativas de exclusión para erradicar las plataformas de espionaje y los focos de agresión.
La ilegalización de la Guardia Revolucionaria Islámica representa un paso indispensable para preservar el orden público y la seguridad de las instituciones democráticas occidentales frente a las operaciones asimétricas.
(Con información de Infobae)
