Un desafío viral que circula en redes sociales ha generado un problema sanitario significativo en España, un país europeo con una extensa costa mediterránea y un clima cálido que atrae a millones de bañistas durante el verano boreal. Conocido como el "reto de la caca" o variaciones similares, consiste en que jóvenes ingieren laxantes para defecar deliberadamente en piscinas públicas, lo que ha provocado el cierre temporal de más de 300 instalaciones en regiones como Cataluña, Cantabria y Valencia para desinfección y evitar contagios.

El fenómeno, impulsado por plataformas como TikTok e Instagram donde usuarios comparten videos para ganar visibilidad, ha escalado desde incidentes aislados en veranos anteriores hasta un pico este año, con reportes de al menos 50 casos confirmados solo en julio y agosto. Autoridades locales, como ayuntamientos y servicios de salud autonómicos, han respondido con cierres preventivos que duran entre 24 y 72 horas, dependiendo de los análisis de agua. En Cataluña, una comunidad autónoma en el noreste con ciudades como Barcelona, se han cerrado alrededor de 150 piscinas; en Valencia, al este, unas 100; y en Cantabria, al norte, más de 50, afectando tanto a complejos municipales como privados.

Los riesgos para la salud son considerables, ya que las heces introducen bacterias patógenas como Escherichia coli (E.coli) y Shigella, que pueden causar infecciones gastrointestinales graves, diarrea, vómitos y, en casos extremos, complicaciones en niños o personas con inmunodeficiencias. Otras posibles contaminaciones incluyen Salmonella y virus como el norovirus, propagados por el agua clorada pero no siempre eliminados de inmediato. Expertos en salud pública han advertido que estos actos no solo generan costos económicos por limpiezas —estimados en miles de euros por piscina— sino que también interrumpen el acceso a espacios recreativos en un verano con temperaturas récord por encima de los 35 grados Celsius.

Este tipo de retos virales no es nuevo en España, donde campañas anteriores contra vandalismo en piscinas han incluido multas de hasta 3.000 euros por defecación intencional, clasificada como delito contra la salud pública. Policías locales y la Guardia Civil han incrementado patrullajes en áreas afectadas, identificando a participantes a través de videos subidos a redes. Asociaciones de gestores de piscinas piden mayor regulación de contenidos en plataformas digitales para prevenir imitaciones, especialmente entre adolescentes atraídos por la notoriedad en línea.

UHN Plus continuará siguiendo esta historia. Síganos en nuestras redes sociales en https://uhn.plus o visite nuestro sitio web para más actualizaciones. ¡Ayúdanos a alertar sobre estos riesgos compartiendo este artículo con tu comunidad!