La denuncia presentada ante los tribunales de Comodoro Py ha revelado que según el escrito del abogado Jorge Monastersky, el régimen de Vladímir Putin habría montado una estructura operativa en Argentina denominada “La Compañía”, cuyo objetivo principal era inyectar narrativas negativas y noticias falsas sobre las políticas de Javier Milei. Esta red de sobornos informativos habría utilizado un presupuesto de aproximadamente 283.000 dólares para pagar a periodistas y editores locales, logrando que filtraran contenidos de desinformación sin el conocimiento de las empresas mediáticas para las que trabajan.
🇦🇷🇷🇺‼️| Sin duda alguna, este es el escándalo del año en Argentina porque Javier Milei y su equipo descubrieron que el Kremlin le pagaba en dólares a los medios cercanos al kirchnerismo para armar noticias en su contra. De acuerdo a Open Democracy, la cifra invertida alcanzaría… pic.twitter.com/MzgVcG4VWk
— UHN Plus (@UHN_Plus) April 3, 2026
El letrado ha solicitado que la Justicia ordene una auditoría financiera exhaustiva a través de ARCA para rastrear la ruta del dinero ruso, que se habría canalizado mediante transferencias de criptomonedas e intermediarios internacionales. El objetivo de la investigación es identificar los nombres de los profesionales de prensa que aceptaron retribuciones económicas para publicar artículos que, bajo la apariencia de análisis legítimos, buscaban desgastar la figura presidencial y generar inestabilidad institucional. La denuncia subraya que este despliegue de inteligencia externa constituye una violación flagrante a la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520).
“La información deja de ser meramente periodística para adquirir un grado de verosimilitud institucional. Se trata de una estructura operativa rusa con recursos internacionales orientada a influir en la voluntad del electorado y atacar la gestión de gobierno”, sostiene el documento judicial.
El rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) ha sido determinante para elevar la gravedad del caso. En un comunicado oficial, la SIDE confirmó la existencia de esta organización integrada por ciudadanos rusos con nexos en el país. La estrategia del Kremlin consistiría en aprovechar la penetración digital para viralizar ataques coordinados contra las reformas de Milei, utilizando a comunicadores locales como "caballos de Troya" informativos. Esta táctica de guerra híbrida busca que el ciudadano promedio reciba propaganda rusa disfrazada de periodismo independiente nacional.
Esta infiltración representa un acto de sabotaje político orquestado desde Moscú. Investigaciones previas de medios como Infobae y openDemocracy ya habían alertado sobre cómo esta red producía "falsos noticieros" y artículos de opinión sesgados que luego eran inyectados en el debate social. La denuncia advierte que el uso de dinero extranjero para comprar espacios en los medios argentinos es una táctica que busca sustituir la transparencia democrática por una agenda dictada por potencias externas interesadas en el fracaso del modelo liberal en la región.
“Estamos ante una red que ha inyectado más de 250 artículos dirigidos a modular el debate social y golpear la imagen del Gobierno. Es imperativo determinar quiénes fueron los partícipes informados de esta maniobra de desinformación pagada”, detalla el escrito de Monastersky.
La causa penal propone el análisis técnico de patrones de difusión digital por parte de la DATIP para desmantelar las granjas de troles que replicaban estas noticias falsas contra Milei. Mientras la Justicia avanza en la identificación de los beneficiarios de los pagos rusos, el país se enfrenta al desafío de blindar su sistema de medios frente a un país que ha decidido convertir la prensa local en un arma de guerra política.
