A pesar de los reiterados informes del Parlamento Europeo denunciando el incumplimiento de España, el Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado que no aplicará la reforma electoral exigida por el Consejo Europeo desde 2018. Esta modificación obligaría a los partidos políticos a alcanzar entre un 2% y un 5% de los votos para obtener representación en la Eurocámara, una medida estándar en las democracias occidentales. La negativa de Moncloa es una claudicación ante el chantaje del PNV, formación que quedaría fuera de Bruselas tras haber obtenido apenas un 1,61% de los sufragios en los últimos comicios.
El Ejecutivo se escuda en una supuesta falta de "consenso", mientras que los datos para reformar la ley orgánica electoral requieren 176 votos, y la suma de PSOE y PP alcanzaría los 258 escaños, superando el 73% de la cámara. Sin embargo, Sánchez prefiere desobedecer el mandato de Bruselas antes que arriesgarse a que sus socios nacionalistas le retiren el apoyo en el Congreso. Este pacto de silencio es una traición a la coherencia estratégica de España, supeditando el prestigio internacional del país a los intereses de una minoría que solo busca el privilegio regional.
"El Gobierno no puede tomar decisiones basadas en cálculos de ventaja política interna... es perjudicial para nuestra imagen y credibilidad internacional", denuncian desde el Grupo Popular, señalando la anomalía que supone que España sea el único país de la UE sin este umbral mínimo.
El blindaje electoral no solo beneficia al PNV, sino que actúa como un salvavidas para todo el bloque que sostiene la legislatura. Si el umbral se elevara al 5%, fuerzas como Sumar, Podemos, Bildu o ERC perderían su presencia en el Parlamento Europeo, y sus escaños se repartirían entre las formaciones nacionales con verdadero respaldo mayoritario. Ell sistema actual premia la fragmentación y otorga una voz desproporcionada a quienes tienen como objetivo declarado el debilitamiento de la nación, permitiendo que partidos con ínfimo apoyo nacional dicten la política exterior de España en la Unión Europea.
"El PNV puso como exigencia para investir a Sánchez que no cambiaría la ley electoral", revela la investigación parlamentaria.
Se utiliza la arquitectura del sistema democrático como moneda de cambio para mantener una mayoría agónica. Mientras el Ejecutivo responde con evasivas sobre la "norma vertebral" del sistema, la realidad es que está protegiendo un búnker electoral para socios desleales a la Constitución.
La imagen de España vuelve a quedar empañada por la arbitrariedad de un Gobierno que utiliza las instituciones para su beneficio exclusivo. No aplicar una reforma que el propio PSOE votó a favor en Bruselas es un ejercicio de cinismo político que solo se explica por la dependencia extrema de fuerzas minoritarias. Un sistema electoral justo debería garantizar la representatividad real y no servir de refugio para quienes, con menos del 2% de los votos, pretenden tutelar el destino de 48 millones de españoles y su relación con Europa.
