El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido entrar en rumbo de colisión directa con las instituciones europeas. El Ministerio de Hacienda ha respondido con evasivas al "toque" de atención enviado por la Comisión Europea el pasado 28 de marzo, en el que se recordaba de forma tajante que la directiva del IVA no permite bajo ningún concepto aplicar tipos reducidos a los combustibles fósiles. Lejos de rectificar, el Ejecutivo español ha redoblado su apuesta, asegurando que su prioridad es "apoyar a familias y empresas", una justificación que Bruselas considera insuficiente frente al flagrante incumplimiento del marco regulatorio comunitario.
La rebaja del IVA al 10%, adoptada para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio, carece de respaldo legal en la Unión Europea. Hacienda pretende que este movimiento sea visto como un "pecado venial" por su carácter supuestamente temporal (vence el 30 de junio), confiando en que los lentos plazos de los expedientes coercitivos de la Comisión permitan agotar la medida sin sanciones inmediatas. Sin embargo, esta estrategia de hechos consumados ha encendido las alarmas en la sede comunitaria, donde se vigila con lupa que decisiones nacionales no generen ventajas competitivas desleales dentro del mercado interior.
“La prioridad del Gobierno es y será apoyar a las familias, autónomos y empresas... y no, al parecer, cumplir con la legislación europea”, se desprende del argumentario de Hacienda ante el requerimiento de Bruselas.
La Comisión Europea ha sido clara al señalar que existían alternativas legales dentro de la normativa europea, como la reducción de los impuestos especiales. No obstante, el gabinete de Sánchez se encuentra en un callejón sin salida: tras haber agotado ya las rebajas en esos tributos, no tiene más margen de maniobra fiscal si quiere seguir interviniendo en el precio del combustible. Al optar por tocar el IVA, el Gobierno no solo ignora la ley, sino que también contraviene los compromisos climáticos de la UE, que prohíben incentivar el consumo de hidrocarburos mediante beneficios fiscales.
Para los técnicos de Bruselas, permitir que España eche un pulso a la directiva del IVA sienta un precedente peligroso que debilita la seguridad jurídica de la Unión. Mientras tanto, en Madrid se confía en esquivar el expediente "sin rasguños", utilizando la crisis internacional como escudo para una política fiscal que roza la insubordinación.
“El Ejecutivo comunitario está esperando la respuesta desde Madrid para evaluar posibles decisiones posteriores”, confirman fuentes de la Comisión, subrayando que la medida de Sánchez distorsiona la libre competencia.
La insistencia en mantener esta rebaja ilegal hasta junio evidencia la urgencia de un Ejecutivo que necesita medidas de impacto social inmediato para compensar su debilidad parlamentaria y el desgaste de su imagen. Sin embargo, este alivio temporal en el surtidor podría salir caro a largo plazo si Bruselas decide endurecer su postura y exigir la devolución de las cantidades no recaudadas o imponer multas coercitivas por el quebrantamiento de la armonización fiscal europea.
