El Congreso Nacional de Chile dio un paso histórico para restaurar la soberanía territorial y el control de sus fronteras al despachar la ley que agiliza y viabiliza la ejecución de las expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros que han ingresado o permanecido de forma ilegal en el país.
La reforma a la legislación migratoria elimina las trabas burocráticas que durante años impidieron hacer efectivas las deportaciones dictadas por la autoridad administrativa. Bajo el nuevo marco legal, los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) podrán solicitar a los jueces de garantía autorizaciones de entrada y registro en inmuebles donde se ubiquen inmigrantes en desacato, las cuales deberán ser resueltas por los magistrados en un lapso máximo de 24 horas.
"El Congreso ha dado su aprobación a un proyecto de ley que es trascendente para poder dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones que disponen la expulsión administrativa y garantizar la seguridad de la nación", destacó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
Cerco al crimen y endurecimiento de sanciones
La iniciativa aprobada no solo facilita la captura de indocumentados, sino que eleva de tres a cinco años la prohibición de reingreso al territorio nacional y establece mecanismos de deportación inmediata para los imputados extranjeros en causas penales, previa autorización del tribunal competente.
Esta medida legislativa se integra en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo que impulsa la administración del presidente José Antonio Kast, la cual busca desactivar la crisis de seguridad vinculada a la presencia de más de 330.000 extranjeros en estatus irregular y desbloquear las más de 75.000 órdenes de expulsión que continuaban archivadas sin ejecutarse.
(Con información de France 24 y El Nacional)
