El Senado de Estados Unidos comenzó este martes el debate sobre la ley "Save America" (Salvar a Estados Unidos), una reforma electoral impulsada por Donald Trump que obligaría a los ciudadanos a presentar documentos oficiales, como pasaportes o certificados de nacimiento, para registrarse y votar. Actualmente, basta con declarar la ciudadanía bajo juramento, pero la nueva norma busca eliminar esta casilla y sustituirla por requisitos físicos estrictos.
La Cámara de Representantes ya aprobó el proyecto en febrero, el cual contempla sanciones penales para funcionarios que inscriban votantes sin los documentos requeridos. Trump ha calificado esta legislación como clave para la "supervivencia nacional" y ha amenazado con no firmar ninguna otra ley del Congreso hasta que esta sea aprobada. La normativa también endurece el voto por correo y el registro digital en todo el país.
La bancada demócrata, liderada por Chuck Schumer, rechaza la propuesta al considerarla una estrategia para suprimir el voto de sectores que no favorecen a los republicanos. Organizaciones de derechos humanos advierten que millones de ciudadanos carecen de pasaporte o acta de nacimiento a la mano, lo que les impediría votar en las elecciones de medio mandato de noviembre. Los demócratas insisten en que el fraude por voto de no ciudadanos es estadísticamente inexistente.
El debate en el Senado se presenta difícil para el oficialismo, ya que requiere 60 votos para superar el bloqueo parlamentario conocido como filibusterismo. Con solo 53 senadores republicanos, la ley enfrenta una resistencia total de la oposición, que promete luchar contra el proyecto el tiempo que sea necesario. Esta parálisis legislativa podría detener otros temas urgentes en la agenda del Congreso debido a la presión directa de la Casa Blanca.
La administración insiste en que nacionalizar las reglas de registro es la única forma de garantizar la integridad de los comicios y evitar irregularidades. Sin embargo, los críticos señalan que la medida afectaría de manera desproporcionada a jóvenes, ancianos y personas de bajos recursos que no pueden costear o tramitar documentos oficiales rápidamente. La tensión en Washington refleja la polarización extrema ante una de las leyes más trascendentales de la presidencia de Trump.
