La violencia criminal que azota a la costa ecuatoriana cobró una nueva víctima de alto perfil con el asesinato de la fiscal de Delitos Flagrantes, Alexandra Bravo, y su hermana Olinda, acribilladas por un grupo de sicarios en la ciudad portuaria de Manta. El atentado, perpetrado este domingo por la tarde en la provincia de Manabí, fue confirmado por la Fiscalía General del Estado, entidad que ordenó el despliegue inmediato de unidades especiales de investigación criminal para dar con los responsables del hecho.
Bravo acumulaba una respetada trayectoria de 15 años dentro del Ministerio Público, desempeñando un rol clave en el procesamiento de delitos penales de acción rápida y en el combate directo contra las estructuras delictivas de la provincia.
Este doble homicidio no representa un hecho aislado en el convulso sistema judicial ecuatoriano, sino que expone un patrón de intimidación recurrente contra los funcionarios encargados de procesar a las organizaciones delictivas. La funcionaria asesinada es la tercera integrante de la Fiscalía de Manta ejecutada en los últimos tres años, sumándose a los casos de Luz Marina Delgado en 2022 y de Marcelo Vásconez en octubre de 2024.
Las crónicas de seguridad confirman que los operadores de justicia en las zonas portuarias trabajan con esquemas de protección que los familiares de las víctimas califican como totalmente deficientes e insuficientes ante el asedio criminal.
La fiscal Bravo lideraba la investigación del incendio que hace apenas una semana destruyó 35 embarcaciones pesqueras en el puerto de Manta, un siniestro que dejó pérdidas superiores a los 30 millones de dólares. La Unidad de Asuntos Acuáticos mantenía una causa penal abierta con dos sospechosos plenamente identificados, en medio de versiones que intentan determinar si las llamas fueron provocadas de manera intencional por mafias locales.
La localidad costera de Manta es considerada por los organismos de inteligencia como el bastión principal de Los Choneros, la organización delictiva más peligrosa del país andino. A pesar de que su máximo cabecilla, Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, fue capturado a mediados de 2025 y extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos federales por narcotráfico en Nueva York, la estructura descentralizada de la banda mantiene su capacidad operativa.
Ecuador atraviesa una profunda crisis de seguridad ciudadana desde el año 2022 debido a que más del 70% de la cocaína global transita por sus terminales marítimas con destino a Norteamérica y Europa. Pese a que el presidente de la república, Daniel Noboa, declaró formalmente un estado de conflicto armado interno y ordenó la militarización de las cárceles, los homicidios selectivos de funcionarios públicos no se detienen.
(Con información de Infobae y El Universo)
