La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó resoluciones sobre la composición del Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En su primer pronunciamiento, el tribunal rechazó la medida cautelar solicitada por la organización Iustitia Europa y Vox para suspender el derecho al sufragio de 189.678 hijos mayores de edad de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la llamada 'ley de nietos'.
Los magistrados reconocieron la coherencia jurídica de la petición, al señalar que los descendientes derivan su nacionalidad de sus ascendientes directos, pero determinaron que la inminencia de la cita electoral impide ejecutar una depuración masiva del padrón sin generar una perturbación en los intereses generales y en la seguridad jurídica del proceso.
A pesar de calificar la conexión material entre ambos colectivos como de una "lógica aplastante", el tribunal priorizó la estabilidad logística del sufragio exterior a escasas semanas del inicio de la campaña y de la emisión presencial de los votos en los consulados. El auto detalla que iniciar una revisión de esa magnitud en este tramo del calendario obligaría a realizar notificaciones internacionales y plazos de audiencia que los servicios administrativos y las oficinas consulares resultan incapaces de asumir sin vulnerar los principios constitucionales de estabilidad electoral.
Mantenimiento del veto a los progenitores y control de expedientes
Paralelamente, en su segundo auto, el Tribunal Supremo desestimó de forma íntegra los recursos presentados por asociaciones como la Asociación de Descendientes Españoles en el Mundo (ADEM) y el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CEDEU). Con esta decisión, la Sala ratificó la suspensión cautelar del derecho al voto que ya pesaba sobre más de 162.000 ciudadanos (los padres del primer grupo), cuyas inscripciones en el padrón exterior presentaban indicios racionales de irregularidades.
Los datos aportados por los informes consulares reflejan la magnitud de las anomalías detectadas en la tramitación de los expedientes bajo la normativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. De los 163.355 expedientes procesados hasta el cierre del censo el pasado 1 de agosto, únicamente 901 ciudadanos lograron aportar pruebas directas de exilio político, ideológico o de persecución, quedando estos exentos de la medida de suspensión.
Como ejemplo paradigmático de la laxitud administrativa, el tribunal citó el caso del Consulado General de España en Buenos Aires, donde se validaron 17.775 expedientes sin que constara documentación probatoria del exilio en ninguno de los casos.
Debate interno y repercusión política del censo exterior
La resolución contó con un segundo voto particular emitido por la magistrada María Alicia Millán, quien se opuso a la exclusión inicial de los 162.000 beneficiados argumentando que la medida genera un perjuicio irreparable y que el impacto numérico de dichos sufragios representaba un porcentaje menor del censo total.
Sin embargo, la mayoría de la Sala refrendó que la falta de rigor en la aplicación de la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática convirtió el procedimiento de nacionalización en un mecanismo descontrolado, beneficiando a miles de personas sin nexos reales con el exilio histórico que justificaba la norma inicial.
(Con información de ABC y 20 Minutos)
