Según un reporte de la agencia Reuters, la empresa de vehículos eléctricos Tesla inició una estrategia de presión sobre los reguladores de la Unión Europea con el objetivo de obtener la autorización comercial de su tecnología denominada "Full Self-Driving" (FSD). Para lograr el respaldo institucional, la firma estadounidense promovió campañas en redes sociales y presentó estudios de seguridad privados, atribuyendo el retraso en las aprobaciones a la burocracia estatal y afirmando que el sistema reduce de forma drástica la siniestralidad vial.
Las acciones de la compañía obtuvieron un primer avance favorable tras lograr el visto bueno del organismo regulador de Países Bajos (RDW), decisión que habilitó el camino para una votación de carácter comunitario entre los 27 Estados miembros del bloque. Adicionalmente, siete naciones de la Unión Europea, entre las que se encuentran la República Checa, Bélgica y Dinamarca, concedieron autorizaciones a nivel nacional para la evaluación y despliegue del sistema de asistencia al volante.
Sin embargo, investigadores y expertos en seguridad vial consultados sobre la metodología utilizada por Tesla cuestionaron la validez de las estadísticas presentadas a las autoridades europeas. Los analistas señalaron que la muestra de kilómetros recorridos bajo el sistema FSD en territorio europeo resulta insuficiente para realizar comparaciones estadísticas válidas con la conducción humana, concluyendo que la empresa carece de evidencia científica para afirmar que la tecnología evita accidentes fatales.
Documentos y correos electrónicos revelaron que, durante la fase de revisión en Países Bajos, la compañía solicitó de manera persistente reducir la intensidad de las inspecciones técnicas y ajustar los costos de las pruebas. Las comunicaciones mostraron que el personal del organismo regulador neerlandés respondió en diversas ocasiones con notas de cooperación para trabajar sobre objetivos compartidos, lo que generó reparos entre especialistas del sector sobre la independencia del proceso de evaluación.
En forma paralela, el consejero delegado Elon Musk y cuentas oficiales de la empresa utilizaron plataformas digitales para instar a los usuarios y entusiastas de la marca a exigir respuestas inmediatas a los ministerios de transporte locales. La campaña en redes sociales dirigió críticas directas contra funcionarios europeos, acusándolos de obstaculizar el despliegue de innovaciones capaces de reducir la mortalidad en las carreteras del continente.
Ante la insistencia de la firma norteamericana, reguladores de países como Noruega y Suecia expresaron preocupación por el volumen de mensajes recibidos por parte de clientes motivados por la campaña corporativa. Las autoridades nórdicas precisaron que la denominación comercial de la tecnología puede inducir a errores sobre su autonomía real, aclarando que las evaluaciones técnicas se mantienen al margen de las campañas publicitarias o de la presión de los consumidores.
(Con información de Reuters)
