En un movimiento que redefine el mapa institucional venezolano tras la caída del régimen de Nicolás Maduro, el fiscal general Tarek William Saab y el "defensor del pueblo" Alfredo Ruiz presentaron este miércoles sus renuncias ante la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo.
Las dimisiones fueron comunicadas oficialmente por la Secretaría del Parlamento y dirigidas al presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. Minutos después de conocerse la renuncia de Saab, el Legislativo aprobó su designación como Defensor del Pueblo encargado, mientras que el abogado Larry Devoe, actual asesor jurídico del Ministerio del Despacho de la Presidencia y colaborador cercano de Delcy Rodríguez, asumirá de manera interina la conducción del Ministerio Público.
Ambos funcionarios habían ocupado sus cargos desde 2017. Saab fue designado fiscal general tras la destitución de Luisa Ortega Díaz por la Asamblea Nacional Constituyente, en un proceso ampliamente cuestionado por la oposición y diversos actores internacionales. Desde entonces, se convirtió en una figura central del aparato judicial del chavismo.
Durante casi una década, el Ministerio Público bajo su dirección fue señalado por organizaciones civiles y multilaterales por su presunta falta de independencia y por su papel en la persecución de líderes opositores y en la respuesta institucional frente a protestas masivas. Saab, por su parte, rechazó reiteradamente la existencia de presos políticos y defendió la actuación del Estado frente a denuncias internacionales.
En enero de 2026, el propio Saab afirmó que el Ministerio Público había atendido a más de 4,5 millones de ciudadanos desde 2017 y destacó programas de justicia comunitaria como parte de su gestión. También informó sobre medidas de excarcelación tramitadas a finales de 2025 en el marco de un proceso que calificó como orientado a la “pacificación”.
Por su parte, Alfredo Ruiz encabezó la Defensoría del Pueblo desde 2017. Su gestión fue objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que cuestionaron la independencia del organismo frente al Ejecutivo y su desempeño en la protección de garantías fundamentales en un contexto de crisis política y social prolongada.
En octubre de 2024, la Asamblea Nacional había ratificado a Saab para un nuevo período que se extendería hasta 2031. Sin embargo, la coyuntura posterior a la captura de Maduro y la reconfiguración del poder político bajo la conducción de Delcy Rodríguez aceleraron la salida de ambos funcionarios.
Las renuncias representan uno de los cambios institucionales más relevantes desde la transición iniciada tras la caída del liderazgo anterior. Ahora, el Parlamento deberá designar autoridades interinas y abrir el proceso formal para nombrar a los nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
El futuro del sistema judicial venezolano se convierte así en uno de los ejes centrales de la nueva etapa política. Analistas coinciden en que la credibilidad institucional y la confianza pública dependerán en gran medida de la independencia, transparencia y profesionalización de quienes asuman estas responsabilidades.
