La administración Trump ha puesto fin a una serie de convenios con cinco distritos escolares y una universidad que fueron diseñados por gobiernos anteriores para proteger la autopercepción de género. Esta decisión retira las obligaciones federales que forzaban a los centros a capacitar al personal en el uso de nombres y pronombres preferidos. Al rescindir estos acuerdos, Washington devuelve a las autoridades locales la capacidad de gestionar sus instalaciones basándose en el sexo biológico de los alumnos.
El cambio de política afecta directamente a instituciones como el Distrito Escolar de Delaware Valley en Pensilvania y el Taft College en California. Anteriormente, estos centros estaban bajo supervisión federal para asegurar que los estudiantes trans accedieran a espacios íntimos del sexo opuesto. Tras la notificación de la Casa Blanca, distritos como el de Pensilvania ya han votado para revertir estas protecciones, eliminando las normativas de "no discriminación" que el Gobierno actual califica de ideológicas.
“Hoy, la Administración Trump está eliminando las cargas innecesarias e ilegales que administraciones anteriores impusieron a las escuelas en su búsqueda de una agenda transgénero radical”, afirmó Kimberly Richey, secretaria adjunta de Derechos Civiles, mediante un comunicado escrito.
La interpretación del Título IX, que prohíbe la discriminación sexual en la educación, ha sido reajustada para excluir la identidad de género como categoría protegida. Bajo esta nueva directriz, el Departamento de Educación ha penalizado a las escuelas que intentan acomodar a varones biológicos en competiciones deportivas femeninas. El Gobierno ha presentado demandas en estados como California y Minnesota para impedir que la participación trans socave la integridad de los deportes para mujeres y niñas.
La rescisión de estos acuerdos es un paso inusual que la administración justifica como una defensa de los derechos de la mayoría de los estudiantes. En el caso del Taft College, un acuerdo previo de 2023 obligaba a los profesores a recibir formación tras negarse a usar los pronombres de un alumno. Con la anulación de estos pactos, el Departamento de Educación deja de considerar el rechazo al lenguaje de género como una forma de acoso punible a nivel federal.
“Esta acción refleja los esfuerzos de la administración para evitar que los estudiantes transgénero participen en equipos deportivos de niñas y mujeres y accedan a vestuarios compartidos”, subrayó Richey, destacando la protección de la privacidad femenina como prioridad.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha implementado medidas para restringir los derechos basados en la identidad de género en múltiples niveles del Estado. Además de las escuelas, su administración ha bloqueado la elección de marcadores de sexo en pasaportes y ha buscado prohibir los tratamientos médicos de transición para menores de 19 años. En el ámbito educativo, la meta es erradicar lo que califican como un "asalto a la realidad biológica" promovido por la izquierda radical.
La respuesta de las organizaciones de defensa trans no se ha hecho esperar, calificando la medida como un "borrado" de las protecciones para personas vulnerables. Sin embargo, el Departamento de Educación sostiene que su labor es aplicar la ley de forma que no se impongan cargas ilegales a las instituciones que defienden los valores tradicionales. La medida permite que los distritos escolares operen sin el temor a perder fondos federales por no adherirse a las políticas de identidad de género de la era Obama-Biden.
“Estamos eliminando las protecciones que nunca debieron existir bajo el Título IX. Las escuelas deben centrarse en enseñar, no en promover agendas que confunden a los niños sobre su propio sexo”, indicaron fuentes del Departamento tras el anuncio oficial de este lunes.
La anulación de estos acuerdos representa un cambio estructural en la supervisión de los derechos civiles en las aulas estadounidenses. Al retirar el respaldo federal a la "terapia afirmativa" y al uso de pronombres, la administración Trump consolida su promesa de campaña de proteger la infancia y la privacidad de las mujeres.
