La Administración de Donald Trump ha abierto una investigación oficial sobre la gestión del Gobierno de España en el caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años que recibió la eutanasia la pasada semana. A través de un cable diplomático filtrado por el New York Post, Washington ha exigido explicaciones urgentes sobre las graves negligencias policiales y judiciales que rodearon la vida de Castillo. El Departamento de Estado pone el foco en las reiteradas agresiones sexuales y violaciones en grupo que la joven sufrió mientras estaba bajo la supuesta "protección" del Estado, denunciando que la impunidad de los agresores fue el motor que la llevó a buscar la muerte.
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— UHN Plus (@UHN_Plus) April 1, 2026
El gobierno socialista de España, a través de la ministra de Sanidad Mónica García, exigió de forma agresiva a la Administración Trump que no se entrometa en el caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años víctima de violación grupal que fue sometida a… pic.twitter.com/fVqOdfbyHm
El mandato de Trump no solo cuestiona la aplicación de la polémica ley de eutanasia en pacientes con trastornos psiquiátricos, sino que vincula directamente el trágico desenlace con el descontrol migratorio en España. El cable ordena a los diplomáticos investigar la identidad y el estatus migratorio de los perpetradores de las agresiones, examinando las acusaciones de que fueron cometidas por personas de origen migrante.
"Estamos profundamente preocupados por las denuncias de que la señora Castillo fue agredida sexualmente de forma reiterada mientras estaba bajo tutela del Estado y de que ningún responsable ha sido llevado ante la Justicia", reza el documento del Departamento de Estado.
Ante la exigencia de transparencia de la Casa Blanca, la respuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido la de repeler cualquier asunción de responsabilidad mediante una retórica agresiva. En lugar de abordar los fallos en la custodia de menores o la falta de justicia para la víctima, García instó a la Administración Trump a no meter "sus narices" en España. La ministra defendió con vehemencia el "derecho a morir", tildando de "agenda ultra" la preocupación estadounidense por la preservación de la vida y el cumplimiento de los derechos humanos básicos en suelo español.
"Que deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio", espetó García en redes sociales.
La investigación estadounidense también pone en duda el proceso final de la eutanasia, citando informaciones que sugieren que Castillo "expresó dudas" en sus últimas horas que fueron sistemáticamente ignoradas por el comité clínico. Este punto resulta crucial para Washington, que ve en la ley española un mecanismo que, lejos de ofrecer soluciones de salud mental o justicia ante el crimen, facilita una salida irreversible a personas en situaciones de vulnerabilidad extrema. La Casa Blanca ha fijado el 3 de abril como fecha límite para que se presenten las conclusiones de esta indagación que deja en evidencia la gestión de la coalición de Pedro Sánchez.
Mientras la Moncloa mantiene un silencio sepulcral ante las peticiones de información sobre el estatus de los agresores, la intervención de EE. UU. ha reabierto un debate que el Gobierno español pretendía dar por cerrado con la muerte de la joven: la conexión entre la inseguridad ciudadana, la fallida tutela pública y el uso de la eutanasia como "solución" estatal.
