La administración del presidente Donald Trump ha tomado la iniciativa en el escenario hemisférico al proponer un arancel punitivo del 25% a una amplia variedad de importaciones de Brasil. La medida, anunciada formalmente por el Representante de Comercio de los EE. UU. (USTR), Jamieson Greer, se fundamenta en los resultados de una rigurosa investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
🇺🇸🇧🇷‼️| Donald Trump le dio otro golpe demoledor a Lula. Estados Unidos decidió aplicar tarifas del 25 por ciento porque hay políticas económicas de Lula que afectan el comercio estadounidense. En el documento se marcan factores como medios de pagos y comercio digital y por… pic.twitter.com/dshW8ueI0X
— UHN Plus (@UHN_Plus) June 2, 2026
Dicha auditoría determinó de manera concluyente que las políticas del ejecutivo liderado por Luiz Inácio Lula da Silva constituyen prácticas desleales que restringen, cargan e imponen trabas irrazonables al comercio y a las empresas estadounidenses.
El enfoque de Washington apunta directamente a corregir el "gigante" déficit comercial bilateral mediante una estrategia de aranceles selectivos. Los principales cuestionamientos de la oficina de Greer hacia el mercado brasileño incluyen las restricciones arbitrarias al comercio digital, la falta de garantías en la protección de la propiedad intelectual, los obstáculos impuestos al acceso del etanol norteamericano y la persistencia de la deforestación ilegal en la Amazonía.
Para salvaguardar la estabilidad de las cadenas de suministro locales y evitar un impacto negativo en los consumidores estadounidenses, la propuesta de la Casa Blanca ha excluido de manera inteligente a productos primarios esenciales como el café, la carne vacuna, el petróleo crudo, los fertilizantes y los componentes de aviación. A pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil optó inicialmente por el silencio diplomático, funcionarios cercanos a la gestión de Lula da Silva criticaron la medida argumentando que Washington ignoró sus alegatos técnicos.
Desde la perspectiva de los analistas en Washington, la reacción del gobierno brasileño refleja la efectividad de la presión ejercida por la administración de Trump, la cual utiliza las herramientas de la Sección 301 para forzar a los socios comerciales a respetar las reglas del libre mercado y la libre competencia. Este distanciamiento arancelario sepulta de forma definitiva cualquier intento de la gestión socialista de Lula por suavizar las relaciones con Washington, las cuales ya se encontraban congeladas a pesar de los contactos de alto nivel del mes pasado.
El endurecimiento en el plano comercial avanza en sintonía con una agresiva estrategia de seguridad nacional implementada por el Departamento de Estado. El secretario de Estado, Marco Rubio, oficializó la designación de las dos organizaciones criminales más grandes de Brasil como bandas terroristas internacionales. Esta catalogación legal provee a las agencias de inteligencia, justicia y seguridad de los Estados Unidos de facultades extraordinarias para perseguir, congelar activos y desmantelar los flujos financieros ilícitos de estas estructuras delictivas.
Las acciones coordinadas de la Casa Blanca han encontrado un fuerte respaldo en los sectores de la oposición conservadora en Brasil. Días antes de los anuncios formales, el senador Flávio Bolsonaro realizó una gira clave por Washington para reunirse de primera mano con el propio Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y el secretario Rubio. Durante estos encuentros, el parlamentario brasileño defendió la necesidad de aplicar la etiqueta terrorista a las mafias que operan en su país.
No obstante, ante el alcance general de los nuevos impuestos comerciales, el legislador se apresuró a aclarar en sus redes sociales que ha solicitado personalmente a Trump proteger a las empresas privadas brasileñas, argumentando que las tarifas generales no deben afectar el tejido productivo aliado.
El cronograma establecido por el USTR avanza sin demoras hacia su conclusión. Las industrias y sectores interesados tendrán la oportunidad de consignar sus observaciones por escrito hasta el próximo 1 de julio, con una audiencia pública formal fijada para el 6 de julio. La administración estadounidense enfrenta el plazo perentorio del 15 de julio para ejecutar la "acción de respuesta" definitiva dentro de la agenda comercial.
(Con información de Reuters)
