El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que redefine la relación entre el Estado y los desarrolladores de inteligencia artificial (IA). El decreto introduce por primera vez un mecanismo de revisión preventiva para los modelos de lenguaje más avanzados y potencialmente disruptivos. Lejos de alinearse con los marcos regulatorios restrictivos de otras regiones, la Casa Blanca ha diseñado una estructura que prioriza la seguridad nacional y la protección de infraestructuras críticas sin imponer trabas burocráticas que puedan ralentizar el ritmo de la innovación estadounidense.
El propio desarrollo de la normativa refleja la obsesión de la administración por no erosionar la ventaja competitiva de las empresas locales. Trump pospuso inicialmente la firma del documento, prevista para el pasado 21 de mayo, tras manifestar abiertamente su preocupación de que una intervención gubernamental excesiva pudiera beneficiar indirectamente los avances de Pekín.
"Le estamos ganando a China, le estamos ganando a todos, y no quiero hacer nada que se interponga en el camino de esa ventaja", enfatizó.
Para evitar la asfixia del sector, la orden ejecutiva establece un proceso de revisión estrictamente voluntario y limitado a un periodo máximo de 30 días antes del lanzamiento público de las tecnologías. Este plazo es considerablemente más corto que el de otros borradores regulatorios internacionales, garantizando que laboratorios estadounidenses como OpenAI, Google o Anthropic puedan seguir operando a una alta velocidad.. La Casa Blanca aclaró que no se implementará una supervisión generalizada sobre todos los nuevos modelos, ya que un control desmedido disuadiría la libertad de expresión y la inversión privada dentro del país.
La directiva se enfoca de manera exclusiva en los riesgos de seguridad nacional y defensa cibernética. Con la creación de un nuevo "centro de intercambio de información sobre ciberseguridad", el Gobierno busca que las corporaciones tecnológicas colaboren directamente en la detección de fallos críticos en el software que gestiona la infraestructura vital de la nación. Al canalizar estos hallazgos a través de agencias federales, la administración busca proteger las redes del Estado frente a posibles hackeos o sabotajes coordinados por potencias extranjeras.
La urgencia por promulgar este decreto se intensificó tras el impacto generado por Claude Mythos, la potente IA de Anthropic que demostró una habilidad para identificar y enlazar sutiles vulnerabilidades informáticas a nivel global. La capacidad de esta herramienta forzó reuniones de emergencia entre altos cargos financieros, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el presidente saliente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con los principales directivos de Wall Street para tapar brechas en el sistema bancario. La firma de la orden busca que el Estado sea el primero en conocer estas capacidades antes de que tecnologías similares sean desarrolladas de forma abierta en el exterior.
Las principales firmas del sector han recibido la medida de manera favorable. OpenAI, a través de su director global de asuntos públicos, Chris Lehane, calificó la iniciativa como un paso importante para construir marcos de seguridad eficaces informados por la experiencia técnica. Del mismo modo, la propia Anthropic aplaudió el decreto en sus redes sociales, considerándolo un avance clave para fortalecer el liderazgo de Estados Unidos y mitigar riesgos sin desmantelar el dinamismo de la industria.
(Con información de EFE y AP)
