Trump sugiere una posible “toma de control amistosa” de Cuba mientras avanzan contactos con el régimen comunista

El presidente Donald J. Trump declaró que su gobierno mantiene negociaciones con la dictadura cubana y sugirió que el proceso podría desembocar en una “toma de control amistosa y controlada” de la isla. La frase, llamativa por su ambigüedad, fue pronunciada antes de que el mandatario saliera de la Casa Blanca y se enmarca en un escenario de creciente presión sobre el régimen comunista de La Habana, debilitado por la escasez de combustible, la falta de liquidez y el deterioro acelerado de su infraestructura.

Trump insistió en que Cuba “está en grandes problemas” y describió a la isla como un país sin recursos, dando a entender que ese nivel de fragilidad abre margen para acuerdos que, en su visión, podrían reordenar la relación bilateral tras décadas de conflicto. Aunque el presidente no detalló qué implicaría exactamente una “toma amistosa”, el mensaje dejó clara la intención de su administración de aprovechar el momento de vulnerabilidad del régimen para obtener concesiones políticas y económicas.

En paralelo, trascendieron reportes sobre contactos de alto nivel vinculados al equipo del secretario de Estado Marco Rubio, incluyendo conversaciones indirectas con figuras cercanas al círculo de poder del castrismo. La tesis que circula en Washington es que el alivio de sanciones —si ocurre— no sería inmediato ni total, sino gradual y condicionado, con revisiones periódicas sujetas a cambios verificables dentro de la isla. El enfoque apunta a presionar al régimen a través de incentivos escalonados, evitando una liberación de recursos que fortalezca a la estructura represiva.

Otro componente clave de la estrategia sería permitir que empresas privadas cubanas accedan a combustible procedente de compañías estadounidenses, con el objetivo de sostener actividad económica básica sin apuntalar a las empresas estatales controladas por la dictadura. La lógica, según analistas cercanos a la línea de política exterior republicana, es reforzar el sector privado como contrapeso al modelo centralizado del comunismo cubano, reduciendo la dependencia de La Habana de proveedores aliados y elevando el costo interno de mantener el control político sin reformas.

Todo esto ocurre mientras ambos países intentan contener el impacto político de un hecho que elevó la tensión en el estrecho de la Florida: el enfrentamiento entre fuerzas cubanas y una lancha rápida con matrícula de Florida, que dejó cuatro muertos y seis heridos. El régimen aseguró que la embarcación ingresó a aguas cubanas, desobedeció la orden de detenerse y abrió fuego, una versión que ha sido puesta bajo revisión por autoridades estadounidenses mientras se buscan confirmaciones independientes. La dictadura calificó a los involucrados como “terroristas” y afirmó que existían planes de infiltración, un relato coherente con su narrativa habitual de amenaza externa.

Desde Washington, Rubio sostuvo que Estados Unidos revisará el caso antes de tomar decisiones, un punto relevante porque el régimen suele utilizar estos episodios para justificar mayor control interno, reforzar su aparato de seguridad y sostener propaganda antiestadounidense.

En el trasfondo de estas declaraciones y movimientos diplomáticos aparece una realidad difícil de ocultar: el régimen comunista enfrenta una combinación de apagones prolongados, caída del turismo, deterioro de servicios públicos y una escasez de combustible que afecta transporte, hospitales y abastecimiento. En ese contexto, la Casa Blanca parece apostar a una fórmula dual: presión económica sostenida sobre el aparato estatal, mientras se exploran canales para aliviar parcialmente el impacto humanitario a través del sector privado, sin otorgar oxígeno directo al régimen.