La policía anticorrupción de Ucrania reveló la implicación de altos funcionarios de los servicios de seguridad y la fiscalía en una red de cobertura a un fraude masivo. Según informó el Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), altos mandos del Servicio de Seguridad (SBU), la Policía Nacional y la Fiscalía General habrían cobrado sobornos para proteger una red de estafas.
El destape de la investigación provocó la dimisión del anterior fiscal general, Ruslan Kravchenko, tras la acusación contra un subordinado por coordinar el entramado dirigido a víctimas nacionales y extranjeras. Pese a la renuncia del alto cargo, las autoridades judiciales aclararon que Kravchenko no fue imputado directamente en la causa por el esquema de call centers fraudulentos.
Colaboración institucional y avance en las pesquisas
El SBU confirmó la realización de registros en las dependencias de varios de sus efectivos y manifestó su disposición a colaborar con las pesquisas. Por su parte, la Policía Nacional suspendió de sus funciones a los agentes investigados, pidiendo evitar conclusiones apresuradas sobre la responsabilidad de los mandos policiales.
La erradicación de la corrupción institucional constituye un requisito indispensable impuesto por la Unión Europea para avanzar en el proceso de adhesión de la nación trasatlántica. Asimismo, los aliados internacionales condicionan la continuidad de la ayuda financiera y militar contra la invasión rusa a la transparencia en las estructuras del Estado.
Cierre de la investigación por lavado de dinero en el sector energético
De forma paralela, el NABU anunció la conclusión de las investigaciones sobre el mayor caso de blanqueo de capitales detectado durante la guerra, vinculado al sector energético. La trama implica a un ex viceprimer ministro y ex titular de Energía, además de haber provocado la salida del anterior jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski.
Las autoridades antifraude intentan recuperar más de 111 millones de dólares y 12 millones de euros procedentes de comisiones ilegales vinculadas a contratos con la estatal Energoatom. El país busca mejorar su posición internacional en los índices de transparencia, donde actualmente ocupa el puesto 104 de 182 naciones en percepción de la corrupción pública.
(Con información de Reuters)
